Lio jurídico en la Comisión del Servicio Civil por designación de Comisionado

El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se niegan a la designación y posesión como comisionado del profesional que obtuvo el primer lugar en el concurso de méritos. Fallos judiciales ordenan su designación. Se tramita incidente de desacato.

La Comisión Nacional del Servicio Civil afronta hoy uno de los pulsos jurídicos más importantes, al negar el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el trámite de designación y la posesión del abogado Jorge Alberto García García, quien en el concurso de méritos, previa convocatoria pública abierta, obtuvo el mayor puntaje. Además de mediar varios fallos judiciales; dos acciones de tutela, una que ordena la designación del profesional del derecho.

La historia de esta discusión jurídica parte del argumento de los directivos de la Función Pública de insistir en que está prohibida la reelección de profesionales que hayan ocupado el cargo, con base en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que en su contenido advierte que la finalidad de la prohibición es evitar la reelección inmediata de comisionados. El incidente se tramita desde finales del año anterior.

García  fue comisionado  hasta el 2.013, año en el que se retiró por terminación de periodo, en ese año se realizó un concurso para sucederlo y no participó por tener prohibición legal. En el 2014 ante una nueva convocatoria para una vacante diferente a la suya, se inscribió, fue admitido por reunir requisitos legales del cargo, y se presentó a la prueba escrita de conocimientos, después de ser el mejor en esa prueba, fue excluido del concurso por la ESAP operador del concurso y le fue negada la publicación de sus resultados que lo clasificaban con el puntaje más alto.

Fue habilitado nuevamente en el proceso y publicados su resultados por orden judicial de tutela emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, en un fallo de segunda instancia, que reconoció varios derechos, entre otros; el de la igualdad teniendo en cuenta que otro excomisionado se presentó a un concurso anterior y que además García registro el puntaje más alto entre 174 participantes de todo el país, 99. 93 sobre 100 en la prueba escrita de conocimientos, lo que reconoció públicamente la Esap, entidad que adelantó el concurso.

La selección del nuevo Comisionado que tienen connotaciones de ministro, comenzó en agosto del 2.014, en noviembre de ese año como medida cautelar en tutela ordenan suspender el concurso, mientras habilitan a García en el proceso y culmina todas las pruebas restantes, como resultado de sus meritos obtiene el primer lugar en la lista de elegibles, la que publican la Función Pública y la Esap en marzo del 2.015, obtuvo un puntaje definitivo de 94.33, en la sumatoria de las 5 pruebas aplicadas, incluida además la entrevista y análisis de antecedentes de experiencia y estudios, acatando así una orden judicial que protegió su derecho político a participar.

El tramite continua con la inmediata publicación en el diario oficial, número 49.463 del 24 de marzo de 2015, que reconoce a García el primer lugar, lo que garantiza por mandato de ley su designación en el cargo, este de inmediato reclama mediante petición el decreto de designación ante la Presidencia de la República.

La directora de la Función Pública Liliana Caballero Duran y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de La República, Cristina Pardo, responden que no será designado por estar inhabilitado al haber sido Comisionado, lo que está prohibido. El abogado aduciendo que hay una orden judicial que ordena su nombramiento y que lo que se prohíbe es la reelección inmediata, presentó un recurso de reposición y apelación, del que a la fecha no tiene respuesta.

En mayo del 2.015 ante el silencio del gobierno presenta una nueva acción de tutela para ser designado, porque ya había ganado el concurso por meritos y el gobierno desconocía la sentencia que decidió la inexistencia de la prohibición legal aducida; a su vez la Función Pública solicita a la Corte Constitucional en revisión la nulidad de lo actuado y que declarare la prohibición legal, así como la suspensión de la orden judicial que lo habilitó en el concurso.

Pretensiones que niega la Corte, la que declara la improcedencia de la tutela y orienta acudir a la justicia contenciosa, al considerar los magistrados que la vía de la tutela no es la procedente. En la providencia no se declaró la nulidad solicitada, no se decidió el fondo del asunto, la existencia o no de prohibición legal, no se da la razón a alguna de las partes.

En un trámite de la segunda acción de tutela por parte del accionante, el Consejo Superior de la Judicatura como última instancia ordena la designación en un plazo perentorio de 48 horas, como respuesta la Función Pública pide nulidad de la sentencia, la presidencia aclaración del fallo y la Esap coadyuva las peticiones. El pasado 15 de octubre de 2015, deciden desfavorablemente todas esas peticiones y el fallo queda ejecutoriado, ante la negativa a cumplirlo se presenta el incidente de desacato que comenzó a tramitarse la semana anterior.

El abogado aduce que probablemente le están cobrando la independencia cuando fue comisionado en el 2.013, al suscribir las convocatorias de 56 concursos públicos para elegir por mérito a los funcionarios de las contralorías municipales y departamentales en todo el país, unas 3.000 vacantes. “En contra de muchas presiones en el 2013 firmé esas convocatorias que ordenaban la selección por méritos, lo que al parecer no gusto en instancias del gobierno; además me aparte del criterio de la Función Pública, en muchas decisiones que no consideraba pertinentes y ponían en riesgo la autonomía de la Comisión Nacional,” afirma

Reitero que tiene un derecho adquirido por méritos y que otro excomisionado concursó en el 2013, que no haya obtenido el primer lugar, es otra circunstancia, advierte. Insiste en que es lamentable que las instancias que deben dar ejemplo de sometimiento a las órdenes judiciales y el respeto por los resultados de procesos de selección públicos por mérito, los desconozcan, y se resistan con soberbia institucional a acatar las normas, a pesar de haber sido el mejor y los fallos judiciales declarar que cumplió los requisitos para ejercer el cargo y no existir prohibición legal para desempeñarlo.

Insistió en que lo importante es la transparencia en los concurso públicos y la garantía que el mejor sea designado, lo contrario es una amenaza contra los derechos ciudadanos y derechos políticos, en un Estado social de derecho, como el de Colombia.

Mientras tanto, no se cumple la decisión judicial ejecutoriada, y la Función Pública se mantiene en que no hay reelección de Comisionados del Servicio Civil, pero sin duda la última palabra la tiene el presidente de la república, en su condición de nominador del cargo según la ley 909 de 2004, para el demandante llama la atención que la aspirante que ocupó el segundo lugar este encargada del cargo, en tanto el mérito se desconoce al igual que los fallos judiciales.

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