Diez años de la ley de acoso laboral

La Función Pública insistió en el cumplimiento de la norma, que incluye además al sector privado y busca generar un optimo clima laboral y organizacional.


El gobierno nacional y el sector privado destacaron los alcances de la ley 1010 del 2.006, de acoso laboral, al cumplirse este sábado10 años de su expedición. La norma aplica sanciones también a los empresarios que violen los derechos laborales e individuales de los trabajadores.

La norma fue expedida con el propósito de “prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades laborales, comportamientos con los que se busca desmotivar al empleado o a inducir a su renuncia.

De acuerdo con la ley, el acoso laboral es objeto de sanciones para las personas que lo ejerzan y para los empleadores que lo permitan, con multas que oscilan entre los 2 y los 10 salarios mínimos. En caso de comprobarse que un servidor público incurre en esta conducta, la Ley contempla que su actuación se considerará falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único.

Los directivos de la Función Pública invitaron a todas las entidades públicas, y en especial a sus directivos, a cumplir las disposiciones de esta norma y a propiciar una cultura organizacional sana. Recordaron a las entidades estatales la obligatoriedad de cumplir las disposiciones de esta norma, y así generar un ambiente laboral sano para los servidores públicos.

El director de empleo de la institución, Francisco Camargo Salas, indicó que el país ha avanzado en los casos de acoso laboral, tema que es cada vez más ajeno en la administración pública, en donde se ha ganado conciencia relacionada con la importancia de tener una buena cultura de la productividad y del trabajo en equipo.

Con el propósito de contribuir en el diseño de un entorno de trabajo adecuado, los profesionales de la entidad brindan asesoría a las entidades públicas, a nivel nacional y territorial, en la implementación de estímulos para empleados del Estado, a través de planes de incentivos y de bienestar, entre otros; deportivos, recreativos, artísticos y culturales; prevención en salud, promoción de vivienda y educación formal.

Impulsa además programas y estrategias que aportan al crecimiento del servidor público en aspectos como; solución concertada de conflictos al interior de las entidades, promoción del teletrabajo, flexibilización de la jornada laboral, divulgación de información sobre becas de estudio y el programa de bilingüismo, el cual se lleva a cabo en conjunto con el Sena.

Se busca fomentar la vocación del servicio a través de campañas en las que se exalta la labor de los servidores públicos, así como las experiencias exitosas de la administración pública, como lo son “Me Siento Orgulloso”, “Gestor de Paz”, “Cuadro de Honor” y “Buenas Prácticas”, en el portal de internet Sirvo a mi País.

Adicionalmente, esta norma contempla “la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos profesionales, el 50 cincuenta por ciento del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas por el acoso laboral, que incluye exceso de trabajo.

En el caso de que la víctima del acoso sea un servidor público, la competencia para conocer esta situación está asignada al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura. Para el sector privado, por su parte, se ha dado la facultad de dictar medidas sancionatorias a los jueces de trabajo que tengan jurisdicción en el lugar de los hechos.

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