Corte Constitucional salvó la JEP

El Presidente de La Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, hizo claridad sobre la forma cómo empezará a actuar la Jurisdicción Especial para la Paz. Para los expertos se salvo esta fase del Acuerdo de Paz.

1) La Corte declaró inexequible que la competencia de la JEP frente a delitos cometidos por indígenas la resolvería una sala conformada por dos magistrados de la Justicia de Paz y dos autoridades tradicionales que representen a las comunidades a las que pertenecen los aborígenes.

El Tribunal consideró que no hubo consulta previa a las comunidades indígenas para acordar ese mecanismo que definiría quién asume la competencia de esos procesos.

2) El alto tribunal también estableció que frente a los delitos de ejecución permanente (como el lavado de activos, narcotráfico, o desaparición forzada), pueden entrar a la JEP pero si esta jurisdicción determina que se incumplen las condiciones del sistema, estos procesos serán remitidos a la justicia ordinaria.

La Corte también determinó que si las Farc reinciden en cualquier delito (no solo rebelión), sus casos pasarán a la justicia ordinaria y perderán todos los beneficios de la justicia alternativa.

3) Frente a la definición de competencia con otras jurisdicciones la norma establecía que sería el Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz quien las resolvería.

La Corte señaló: “ello se opone radicalmente a la imparcialidad, elemento constitutivo de la separación de poderes, en tanto elimina la posibilidad de que una autoridad judicial imparcial resuelva la controversia, en un asunto importante para víctimas y procesados (…) los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las demás jurisdicciones se resuelven mediante los mecanismos generales dispuestos en la Constitución y la ley”.

4) El articulado aprobado en el Congreso establecía que el Secretario ejecutivo de la JEP y su Presidente podrían determinar la instancia que asumiría las funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (manejo de dinero, contrataciones).

La Corte señaló que ellos están sometidos al régimen de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, con lo que garantiza la competencia de los organismos de control. “De esta manera, se asegura la existencia de controles judiciales y administrativos para evitar la arbitrariedad y garantizar el imperio del derecho”, señaló la Corte.

Se asegura la existencia de controles judiciales y administrativos para evitar la arbitrariedad y garantizar el imperio del derecho

.

La Corte dijo: “no regula con claridad el tiempo de existencia de los órganos de transición, para que éstos cumplan sus objetivos misionales dentro de estos límites y, en esa medida, establece un esquema abierto e indeterminado de plazos para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por lo anterior, dada la naturaleza transicional de dicha Jurisdicción, la prorroga allí prevista, cuya adopción corresponde a la ley estatutaria, solo podrá hacerse por una vez, por cinco años, de modo que, de conformidad con el acto legislativo, su vigencia no podrá ser por un término superior a veinte (20) años”

La Corte sostuvo: “el acceso voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz no genera ningún espacio de impunidad, ya que la regulación que se declara inexequible se refiere, no a la responsabilidad penal de estas personas, ni a su deber de colaborar con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, sino a la jurisdicción y al régimen jurídico al que se encuentran sometidas”.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *