No hay intocables en la defensa de la democracia: Procurador

 

El funcionario anunció que para «garantizar que nadie le meta conejo a estas elecciones», aplicarán medidas de vigilancia técnica y el seguimiento en tiempo real de los resultados electorales.

«Nosotros hemos dicho que vamos a garantizar que nadie le meta conejo a estas elecciones en Colombia, que tenemos que combatir el fraude y decirle a la ciudadanía claramente que denuncie cualquier intento de fraude, porque aquí vamos a estar todas las autoridades».

Aseguró que el Ministerio Público vigilará, observará y recepcionará las denuncias de los ciudadanos ante posibles anomalías que se puedan presentar en el proceso electoral del próximo 27 de mayo, y reveló que 7.200 funcionarios estarán en las mesas de votación “al servicio de la pureza y de la transparencia electoral”.

La Procuraduría hará presencia con un equipo de ingenieros en los 28 centros de cómputo habilitados para el monitoreo electoral con el fin de verificar el correcto funcionamiento del software contratado para las elecciones, y en las casas matrices de Barranquilla, Cali, Medellín, Montería, Cúcuta y Bogotá, regiones que presentan mayor vulnerabilidad informática.

Por solicitud del ente de control en estas elecciones se adoptaron medidas para la digitalización de los formatos E14, garantizar que los testigos los puedan ver en pantalla en tiempo real, y evitar que sean intercambiados entre mesas.  Así mismo, se acordó con la Registraduría la entrega de los formularios E24 (primer escrutinio) y E26 (segundo escrutinio).

Reunión con veedores internacionales

El jefe del Ministerio Público presidió una audiencia con todas las misiones de observación electoral que han llegado a Colombia y los auditores de las campañas políticas presidenciales, donde los delegados internacionales tomaron nota de las observaciones y denuncias que hicieron los representantes de los partidos y los grupos significativos de ciudadanos.

«Se deben tener prendidas todas las alertas y contarle a los observadores internacionales el trabajo que están adelantando los organismos de control».

Decisiones disciplinarias

El procurador general reveló que el órgano de control adelanta 70 actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con presunta participación en política de funcionarios públicos, muchas de ellas gracias a las denuncias de la ciudadanía, y anunció la apertura de investigación y la suspensión provisional, por el término de tres meses, del secretario de Tránsito de Popayán (Cauca), Rubén Ernesto Caicedo Celis, y de los alcaldes de Togüí (Boyacá), Alfonso Sánchez Saaveedra y de El Banco (Magdalena), Víctor Rangel López.

El ente de control disciplinario también ordenó la suspensión provisional del alcalde de Galapa (Atlántico), Carlos Alberto Silvera de la Hoz, y del secretario de Integración Socioeconómica del municipio, Mario Morales.

Carrillo Flórez aseguró que al parecer «el inmueble registrado en redes sociales, y en el cual presuntamente estuvieron repartiendo dádivas para favorecer una campaña presidencial, pertenece a la alcaldía y en él opera la casa del adulto mayor, ¡una cosa realmente repugnante!».

Adicionalmente, por presuntas presiones a contratistas en la consecución de votos a favor de una campaña presidencial, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de las alcaldías de Moniquirá (Boyacá), Junín (Cundinamarca), Quimbaya (Quindío), y Barranquilla (Atlántico).

 «Los funcionarios públicos, lo repetimos subrayando, no pueden hacer política, no pueden intervenir en política, el uso de los recursos públicos para las campañas electorales está prohibido, y ello implica una violación de las garantías electorales», aseguró y agregó: «que no se crea que los contratos del Estado son instrumentos para influir en las elecciones».

Solicitud pérdida de investidura de Aida Merlano

La Procuraduría radicó ante el Consejo de Estado la demanda de pérdida de investidura contra la congresista Aida Merlano, y advirtió a los protagonistas de algún fraude electoral en las próximas horas, que la entidad «no escatimará esfuerzos y no tendrá alguna duda sobre el procedimiento disciplinario y la denuncia ante las autoridades penales de cualquier actividad que rompa el equilibrio electoral».

Suspensión de Quinto Guerra

Frente a la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de acoger la medida cautelar solicitada por la Procuraduría y ordenar la suspensión del alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra, presuntamente por estar inhabilitado sostuvo que es «un acto de responsabilidad».

«Esta es una magnífica señal en el sentido de que la justicia opera, que frente a tanta desilusión que se presenta en este momento en relación con las actuaciones de las autoridades, aquí las batallas éticas en Colombia todavía se pueden ganar en los estrados judiciales».

Finalmente, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado a la ciudadanía de Cartagena a rodear «a las autoridades que están tratando de demostrar que es posible aplicar la ley» y a la persona que sea designada como alcalde encargado de La Heroica, y pidió defender el patrimonio y la moralidad pública de la ciudad.

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