Directivos de la Universidad Nacional convocan a clases

 

En una carta abierta la rectora Dolly Montoya, pidió retomar las actividades académicas y administrativas, con el compromiso de defender la educación pública.  45 mil estudiantes llevan tres semanas en paro.

Carta Abierta, texto:

La Rectora, Vicerrectores y Directores de Sede de la Universidad Nacional de Colombia, reiteramos el compromiso que hemos asumido para avanzar en un dialogo propositivo con los diferentes sectores de la sociedad, el Estado y el actual gobierno nacional, en procura de encontrar vías que permitan el fortalecimiento de la educación superior pública como una política de Estado, capaz de garantizar el derecho de miles de jóvenes que sueñan con construir una mejor sociedad desde la cultura, el conocimiento y la creatividad.

En ese sentido, exaltamos el rol de la comunidad universitaria liderada por estudiantes, profesores y administrativos, que, con claridad y comportamiento ejemplar, aportan a que la compleja situación de la universidad pública ocupe un espacio en la agenda nacional.

 La situación financiera de las universidades del estado, documentada en numerosos estudios del Sistema Universitario Estatal y de la Universidad, corresponde a un acumulado histórico y estructural, que requiere hoy ser atendida de manera integral y con prioridad por parte del Estado.

Al respecto, la rectoría ha presentado un documento de conceptos y propuestas, (Por una Política de Estado para las universidades públicas colombianas) como instrumento del dialogo que, desde el pasado mes de mayo, y de manera continua y cotidiana, el equipo directivo ha venido adelantando con Ministerios de Educación y de Hacienda, Comisiones legislativas de Cámara y Senado, medios de comunicación y sectores académicos.

 Entre otras acciones adelantadas tanto por los rectores del SUE como por el equipo directivo de Universidad, cabe señalar: la solicitud al Ministerio de Hacienda para asignar recursos adicionales que permitan el cierre financiero del presente año, la solicitud a los Ministerios de Hacienda y de Educación que reglamente la distribución y destinación directa a las IES públicas de los recursos del artículo 142 de la Ley 1819 de 2016,

La exhortación al legislativo para modificar los artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en el sentido de garantizar un crecimiento real de mínimo 4 puntos porcentuales adicionales al IPC, y la invitación al Estado y a los actores del Sistema de Educación en su conjunto para que el país adelante un consenso alrededor de  una Política de Estado en educación del que se derive un modelo de financiación sostenible, que entre otros aspectos, garantice recursos adicionales para el cierre de brechas que mejore la participación del gasto en educación superior con relación al PIB. El equipo de rectoría asume la tarea de mantener informada a la comunidad sobre las acciones y resultados de las gestiones que se adelanten alrededor de esta problemática

Sin embargo, las medidas de hecho tomadas en algunas sedes y facultades, orientadas a impedir el desarrollo de las actividades misionales y administrativas, son contrarias al espíritu de los diálogos propositivos que se adelantan, afectando la integridad e imagen institucional. Cada día de incumplimiento en las tareas y actividades académicas, tiene graves repercusiones presupuestales, financieras, sociales, políticas y administrativas de carácter irreparable.

Algunas consideraciones incluyen: la necesaria afectación del calendario académico para finalizar las actividades del 2018 y su efecto sobre el calendario del 2019; la suspensión que deberá realizarse en concordancia con la ley de los contratos de docentes ocasionales; el incumplimiento de los compromisos adquiridos con estudiantes internacionales y las implicaciones para los intercambios estudiantiles recíprocos;

Los sobrecostos para estudiantes de provincia; los riesgos jurídicos por incumplimiento de contratos y proyectos de investigación y extensión acarreando graves lesiones presupuestales y de confianza para los grupos de trabajo y la institución; el riesgo de investigaciones y seres vivos implicados en ellos a quienes no se les puede proteger adecuadamente (animales de producción e investigación); etc.

Como responsables de la Universidad y de los diversos campus de la institución estamos obligados a garantizar la seguridad de las personas y de la infraestructura física y el cumplimiento de la misión de la Universidad, por ello no podremos permitir actos de vandalismo, invasión, uso inadecuado de las instalaciones o violencia contra las personas.

 Por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad académica a retomar las actividades académicas y administrativas que permitan el normal funcionamiento de la Universidad sin perder nuestro compromiso de defensa de la Educación Pública.

CARMEN ALICIA CARDOZO DE MARTÍNEZ
Secretaria General

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