Procuraduría evitó contratación fraudulenta por 500 mil millones de pesos

El Procurador Fernando Carrillo Flórez, reveló que la acción preventiva del Ministerio Público se frenó en 10 departamentos. Se revisan contratos por 18,6 billones de pesos.

Tenemos ya puesta la lupa sobre una contratación que llega casi a los 19 billones de pesos”. “En Colombia no se requeriría una reforma tributaria si somos capaces de combatir eficazmente la corrupción”. “Hemos frenado que centenares de miles de millones de pesos se fueran por el pozo séptico de la corrupción en materia de contratación de

  “Esa es la lupa que hemos puesto con la Cámara (Cámara Colombiana de Infraestructura) para trabajar en materia preventiva, y no sólo hemos ahorrado medio billón de pesos de manera directa, evitando obras con problemas de toda naturaleza, sino que tenemos ya puesta la lupa sobre una contratación que llega casi a los 19 billones de pesos”.

 En su intervención en el XV Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, el jefe del órgano de control aseguró que “en Colombia ni siquiera se requeriría una reforma tributaria si somos capaces de combatir eficazmente la corrupción”.

 “Decidimos en el ejercicio de una función preventiva, y subrayo preventiva, no disciplinaria, una función constitucional esencial de la Procuraduría General de la Nación; comenzar a trabajar conjuntamente, y hemos, además en términos económicos, frenado que centenares de miles de millones de pesos se fueran por el pozo séptico de la corrupción en materia de contratación de infraestructura”.

Carrillo Flórez reiteró la importancia de trabajar en alianza con el sector privado para luchar en contra  de la corrupción, y recordó que es posible que impere la ética empresarial como punto de partida.

“Todas estas reflexiones sobre la ética empresarial suponen una caja grande de herramientas, donde grandes transformaciones se pueden hacer. No son las transformaciones aisladas de todas las reflexiones sobre la responsabilidad social corporativa o empresarial, a eso hay que sumarle, por supuesto, el gobierno corporativo, las oficinas de cumplimiento, las políticas de ética pública, y sobre todo, agencias internas que permitan corroborar que los códigos de ética no se quedan escritos como modelo de comportamiento, sino que implican sanciones y rectificaciones en las empresas

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