Durante una semana se realizaron diligencias en 22 establecimientos penitenciarios y carcelarios. En la ofensiva fue desarticulada una red delincuencial de la que harían parte funcionarios del INPEC.

Los análisis realizados por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, dan cuenta de que muchas de las modalidades de extorsión y estafa se estarían generando desde los centros carcelarios del país, pese a los controles y la disposición de plataformas tecnológicas por parte de las autoridades penitenciarias.

Es así como la Fiscalía, en una acción investigativa conjunta con el Gaula de la Policía Nacional y el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), puso en marcha una ofensiva para cerrarle el paso a este fenómeno delincuencial y atacarlo desde su origen.

Durante una semana se realizaron diligencias de allanamiento y registro en 22 establecimientos carcelarios, en ogotá y 19 departamentos. En los procedimientos fueron hallados 423 celulares, 900 sim card, 8 micro SD, 7 USB, 191 cargadores y 549 armas blancas.

La ofensiva se cumplió en los siguientes penales:

** Antioquia: Bellavista y Pedregal

**Atlántico: El Bosque y La Modelo

** Bogotá: La Modelo y Picota

** Boyacá: El Barne y Cómbita

** Meta: Villavicencio y Acacías

** Santander: La Modelo y Palo Gordo

** Bolívar: La Ternera

** Caldas: Doña Juana

** Cesar: La Judicial

** Córdoba: Las Mercedes

** Cundinamarca: La Pola

** Magdalena: Rodrigo Bastidas

** Nariño: Buchely

** Risaralda: La 40

** Sucre: La Vega

** Tolima: Picaleña

«Los Carceleros»

En la jornada investigativa y judicial fueron capturados 7 presuntos integrantes de una organización denominada ‘Los Carceleros’, señalada de delinquir en Villavicencio (Meta).

Entre los detenidos hay 5 funcionarios del INPEC, quienes serían los encargados de ingresar a los centros carcelarios celulares, sim card y elementos tecnológicos, los cuales eran vendidos a los internos entre $200.000 a $500.000.

Los precios variaban de acuerdo con la gama y antigüedad del equipo.

De acuerdo con los elementos de prueba, con los equipos que se comercializaban clandestinamente se hicieron varias llamadas extorsivas y amenazas contra ciudadanos de diferentes ciudades de Colombia.

Un fiscal especializado Gaula imputó a estas siete personas por el delito de extorsión consumada en concurso heterogéneo y sucesivo. Por disposición del juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.

De acuerdo con la Delegada para la Seguridad Ciudadana, en 2020 se ha registrado una reducción del 15% en los casos de extorsión. Asimismo, han sido desarticuladas 138 bandas y capturadas 2.144 personas dedicadas a este delito.