Justicia Contenciosa fallará demanda de Cervantes

CERVANTES-5 AÑOS

Con la unificación de 26 demandas presentadas por 450 personas, el Tribunal Administrativo de Caldas responderá a los familiares de las víctimas. En un solo proceso se resolverá la petición de una millonaria indemnización que aduce responsabilidad del Estado.

CERVANTES II

El Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, será la autoridad judicial encargada de resolver si hubo responsabilidad del Estado y el pago de una indemnización por los hechos del barrio Cervantes, en los que un alud de tierra sepulto 16 viviendas afectadas por la explosión del tubo de agua que recorría la zona histórica y tradicional de Manizales.

Los demandantes insisten en la responsabilidad del Estado y en el pago de una millonaria indemnización, proceso que avanza teniendo en cuenta que el año anterior fracaso una conciliación entre la Fiscalía y los sujetos procesales; demandantes y demandados, en la fase del proceso penal.

El magistrado Augusto Morales Valencia, oficio a los juzgados administrativos para que le fuesen enviados los expedientes de las demandas presentadas en los seis años de la tragedia,  26 procesos los acumulo en una sola demanda y la enviará al Consejo de Estado para la revisión de varias pretensiones jurídicas de las partes y así avanzar en el proceso.

Una vez se resuelvan, el expediente será devuelto al Tribunal para que el magistrado Valencia, decida, no sin antes agotar la vía de la conciliación, figura jurídica aplicable en un proceso administrativo, más en este caso en el que los reclamos financieros de los abogados superan los 50 mil millones de pesos.

El proceso según el jurista Valencia, avanza en los términos de ley, teniendo en cuenta que inicialmente las demandas administrativas fueron instauradas en varios juzgados. Considero que hablar de tiempo no es pertinente, pero reitero que la unidad procesal permitirá que se respondan  más rápidamente las pretensiones de los familiares de las víctimas en una decisión jurídica.

La tragedia se originó por el derrumbe de una montaña de tierra que se dio por la explosión de un tubo de agua que pasaba por el tradicional barrio. Las quejas de los ciudadanos por daños en la tubería dos días antes de la tragedia, no fueron escuchadas por los técnicos de la empresa Aguas de Manizales, que presta el servicio lo que llevaría a una responsabilidad del Estado.

Hechos

Ese sábado fatídico de la tragedia, no sirvieron los ruegos de dos acuciosos policías que, a las cinco de la madrugada, llegaron a la sede principal de la empresa Aguas de Manizales, a avisar que en Cervantes temblaban las casas y corría el agua por las calles, y que, porque no respondían la línea de emergencia, la respuesta fue: A las ocho llegan los ingenieros e irían a la zona.

Minutos después a las 6 y 15 la naturaleza paso su cuenta de cobro, un derrumbe sepulto en cuestión de minutos 16 viviendas. La ciudad se recuperaba de una suspensión 20 días del servicio de agua por la destrucción de la planta principal abastecedora debido al fuerte invierno que afecto al país en especial la zona Andina que incluye a Caldas.

La ciudad se despertó con el drama, el dolor y la tristeza de la muerte, rápidamente llegaron los bomberos, los efectivos de la policía, funcionarios de la Fiscalía, de la Empresa Aguas de Manizales y de la alcaldía de Manizales. De inmediato comenzó el rescate, la búsqueda tardo 48 horas, lentamente con el apoyo además de perros especializados en esas tareas se fueron encontrando los cadáveres, adultos, jóvenes y niños, un total de 48 muertos, y una tragedia sin precedentes recientes en la ciudad.

No ha sido un proceso fácil. Dos años tardo definir e iniciar la evaluación de la causa principal del derrumbe, que origino el desplome de las viviendas. La conclusión de los expertos de la Universidad Nacional de Colombia comisionada para tal propósito fue: Que el tubo conductor del agua en la zona exploto y además de mover con su fuerza los cimientos de las casas, afecto una montaña de tierra cercana a la zona que arraso las viviendas.

El alcalde de ese entonces Juan Manuel Llano, termino dos meses después su periodo y entrego a el hoy Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, quien solicitó a la Dirección Seccional de Fiscalas iniciar un proceso de conciliación con los familiares de las víctimas, conciliación que además de generar expectativas financieras llevo a que se suspendieran las acciones judiciales contra los presuntos responsables, investigados hoy por supuesto prevaricato por omisión y homicidio culposo, entre otros delitos.

Fueron cuatro años de diálogos, reclamos y acuerdos. Los allegados y nosotros los abogados confiamos en la palabra del exalcalde Rojas, cedimos, esperanzados en que los recursos ayudaban ante la misma magnitud del dolor, firmaron el 90 por ciento de los afectados, y hoy no hay nada, dicen los juristas defensores. El acuerdo preliminar incluía el pago de 23 mil millones de pesos en indemnizaciones a cerca de 300 personas.

Al término de su gestión el exalcalde Rojas dejo una decisión final en manos del nuevo mandatario y con el apoyo del Concejo de Manizales, incluyó parte de los recursos en el presupuesto del 2.016.  Un estudio solicitado por el hoy Ministro a una firma de abogados de Medellín que costó cerca de 100 millones de pesos, recomendó la conciliación, recomendación que fue desestimada.

El nuevo alcalde, José Octavio Cardona León, es partidario de esperar a que la justicia decida responsabilidades y que un juzgado administrativo determine el pago de las indemnizaciones. Los afectados dicen que en campaña prometió reconocer los pagos de una posible conciliación.

Hoy en la zona de Cervantes hay un pequeño parque, no se reconstruyeron las viviendas. Solo queda el recuerdo y la esperanza de cerca de 300 personas que esperan justicia del Estado y que se les reconozca la indemnización, del efecto de un simple error de no contestar una llamada telefónica de una línea de emergencia, lo que de haberse hecho hubiese salvado esas 48 vidas.

Proceso penal

En lo penal después de cinco años de la tragedia, un juez imputo cargos ex directivos de la empresa Aguas de Manizales Álvaro Andrés Franco Valencia, Sebastián Henao Arango y Diana Lorena Zuluaga. por su presunta responsabilidad. Luego de 59 meses de negociaciones y al frustrarse una conciliación con la administración municipal, la justicia penal se apresta a definir la suerte jurídica de los exfuncionarios.

Los abogados y familiares de las personas que fallecieron en el derrumbe que arraso con 16 viviendas, solicitaron agilizar el proceso y vincular a los dos exalcaldes anteriores Juan Manuel Llano y al hoy Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas y a la junta directiva quienes no fueron incluidos en el proceso judicial.

Al primero por considerar que es responsable, quien ejercía como alcalde y presidente de la junta directiva de Aguas de Manizales al momento de los hechos y al segundo por haber incumplido un preacuerdo de conciliación que les generó expectativas cuatro años y pudo llevar a que el proceso judicial prescriba. Se había acordado el pago de 23 mil millones de pesos.

Luis Fernando Rodríguez quien perdió a varios de sus familiares indicó que ambos exmandatarios tienen responsabilidad, por incumplir acuerdos, y tratar de retrasar la investigación, mentir y no respetar el dolor de las víctimas.

Historia proceso

No hay que desconocer que no ha sido un proceso fácil. Dos años tardo definir e iniciar la evaluación de la causa principal del derrumbe, que origino el desplome de las viviendas. La conclusión de los expertos de la Universidad Nacional de Colombia comisionada por la Fiscalía para tal propósito fue: Que el tubo conductor del agua en la zona exploto y además de mover con su fuerza los cimientos de las casas, afecto una montaña de tierra cercana a la zona que arraso las viviendas.

El alcalde de ese entonces Juan Manuel Llano, termino dos meses después su periodo y entrego a el hoy Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, quien solicitó a la Dirección Seccional de Fiscalías iniciar un proceso de conciliación con los familiares de las víctimas, conciliación que además de generar expectativas financieras llevo a que se suspendieran las acciones judiciales contra los presuntos responsables, investigados hoy por supuesto prevaricato por omisión y homicidio culposo, entre otros delitos.

Fueron cuatro años de diálogos, reclamos y acuerdos. Los allegados y nosotros los abogados confiamos en la palabra del exalcalde Rojas, cedimos, esperanzados en que los recursos ayudaban ante la misma magnitud del dolor, firmaron el 90 por ciento de los afectados, y hoy no hay nada, dicen los juristas defensores. El acuerdo preliminar incluía el pago de 23 mil millones de pesos en indemnizaciones a cerca de 300 personas.

Al término de su gestión el exalcalde Rojas dejo una decisión final en manos del nuevo mandatario y con el apoyo del Concejo de Manizales, incluyó parte de los recursos en el presupuesto del 2.016.  Un estudio solicitado por el hoy Ministro a una firma de abogados de Medellín que costó cerca de 100 millones de pesos, recomendó la conciliación, recomendación que fue desestimada.

El actual alcalde, José Octavio Cardona León, es partidario de esperar a que la justicia decida responsabilidades y que el Tribunal Contencioso Administrativo determine el pago de las indemnizaciones. Los afectados dicen que en campaña prometió reconocer los pagos de una posible conciliación.

La tragedia se originó por el derrumbe de una montaña de tierra que se dio por la explosión de un tubo de agua que pasaba por el tradicional barrio de Manizales. Las quejas de los ciudadanos por daños en la tubería dos días antes de la tragedia, no fueron escuchadas por los técnicos de la empresa que presta el servicio lo que llevaría a una responsabilidad del Estado.

Historias de vida

Hoy en la zona de Cervantes hay un pequeño parque, no se reconstruyeron las viviendas. Solo queda el recuerdo y la esperanza de cerca de 400 personas que esperan justicia del Estado y que se les reconozca la indemnización, del efecto de un simple error de no contestar una llamada telefónica de una línea de emergencia, lo que de haberse hecho hubiese salvado esas 48 vidas.

Herman Serna Hincapié es hoy vigilante de un edificio, su drama comenzó el 5 de noviembre del 2.011 cuando residía en Balaguer, España, recibió una llamada en la que se le informaba que las viviendas de sus padres, tíos, cuñados, una hija y la nieta, fueron arrasada por un alud de tierra, en el tradicional barrio Cervantes de Manizales, donde vivían hacía 40 años. Murieron 11 de sus allegados.

Cuando llego a Colombia encontró desolación y tristeza. Su hermana María Andrea Serna, quien lo acompañaba, perdió 16 millones de pesos enviados a sus padres y que guardaban en un closet; murió la esperanza de comprar una casa. Ahí comenzó otra tragedia, lo dejaron todo en el país vasco para encontrar respuesta sobre lo que había originado la tragedia de sus seres queridos, además de sus vecinos y amigos y que entidad debe responder ante la magnitud de los hechos.

Las historias y los dramas abundan. La de Alex un manizaleño que en el derrumbe perdió seis millones de pesos, que guardaba en su casa en una pequeña tula. Era todo su capital, removió escombros y ayudó en el rescate de sus allegados. Meses después encontró los billetes en el relleno sanitario, mojados y sucios los que pudo cambiar en el Banco de la República.

Meses después la Arquidiócesis de Manizales entrego en sobre cerrados las ayudas a las familias afectadas, dineros recogidos en las limosnas de las parroquias. 120 millones de pesos, que de acuerdo con número de familiares perdidos y el efecto de la tragedia, se taso desde dos hasta cinco millones de pesos entregados a 70 personas. Fue un acto público al que asistieron los medios de comunicación.

 

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