Marmato: Entre el oro, la incertidumbre y la pobreza

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Marmato con 537 años de historia, afronta la problemática de 350 minas, sin licencia de explotación, la falta de dinamita y de la llegada de la multinacional Gran Colombia Gold. Hay 54 órdenes de cierre de minas. Siete muertos en accidentes mineros  y 30 mutilados.

Por Mariela Márquez

Los  habitantes del  municipio de Marmato  una población al  occidente de Caldas, el segundo productor de oro en Colombia viven hoy el drama  de los efectos de las  modificaciones a las  normas que reglamentan la minería en el país, que afecta a  cerca de 3.000 mineros de una tradición histórica de 537 años y que los  tiene al borde de la ilegalidad.

Encumbrada en las  montañas  del Eje Cafetero, esta localidad de 10.000 habitantes de negros provenientes del golfo de Biafra  y de otras zonas de África, de indígenas Catamas, de mestizos y de blancos,  se debate en la incertidumbre de una situación no reconocida por el Estado, la llamada “minería ancestral, artesanal o informal” que han practicado por  tradición histórica hace cinco  siglos,  y que representa el 70 por ciento de la actividad minera relacionada actualmente.

Para los mineros la incertidumbre es total, no se entiende la posición de la Agencia Nacional Minera, que niega las licencias y permisos de minas que no tienen propietarios, otras que fueron abandonadas hace más de 100 años y explotadas por mineros y trabajadores locales.

Dicen que es evidente el retraso de varias décadas en la aprobación de licencias y permisos; hace poco recibieron 54 solicitudes rechazadas, presentadas en el 2.004, petición de la que se conoce una respuesta jurídica once años después. Sobre el escritorio del alcalde, Bernardo Arley Hernández, hay 53 órdenes de cierre de minas, las que no ha podido aplicar por la incidencia de la medida al quedar cesantes cerca de 1.000 trabajadores, además de las protestas ciudadanas que están a la vista, el municipio recibirá este año por regalías 1.135 millones de pesos.

Los representantes de los mineros y  trabajadores  dicen que  no admiten  que se les  dé un trato de “delincuentes”; somos  un pueblo  aguerrido y luchador , simplemente le solicitamos  al gobierno nacional que aclare nuestra situación  y aporte en la  búsqueda de soluciones a la problemática, critican la que llaman  falta  de coherencia en la  normatividad  vigente. Convocan a un proceso serio y ordenado para tecnificar la minería en un marco legal, social y coherente con las realidades locales, que reconozca el trabajo de humildes familias, de las que ratifica, no tienen relación alguna con grupos al margen de la ley

Héctor Gonzales un humilde trabajador  minero advierte que  esa situación de incertidumbre  y de  zozobra le ha generado  además de los problemas  económicos, traumas y problemas emocionales, “no se hacer otra actividad  y con mi familia me estoy muriendo de hambre”, dice al reclamar  ayuda.

Lo atípico es que no se sabe es; si el pueblo está dentro de las  minas  o las  minas  están dentro del  pueblo, dado el considerable número de socavones que hacen reconocible el municipio  y evidencian su alta dependencia de la actividad aurífera. Según censos recientes de los dirigentes mineros,  él pueblo  tiene  hoy  cerca de 500 minas, 123 legales, 196 artesanales y  con petición de licencia de explotación sin definir, 60 sin trámite jurídico alguno, y otras  100 que se trabajan de manera informal en los últimos años en  zonas agrícolas y ganaderas.

A esta problemática se suma la originada en las operaciones de la multinacional canadiense Gran  Colombia Gold, empresa que en  el 2.006  adquirió  80 minas, incluida  la más grande “La Villonza” cerradas en  su totalidad varios años y tomadas  e invadidas posteriormente por  trabajadores mineros. Cierre que se dio mientras la compañía definía con las  autoridades  administrativas  y ambientales la técnica de explotación  y el futuro de las  inversiones.

Los lugareños de la histórica localidad, reconocida por el conquistador español, Sebastián de Belalcázar, posteriormente del Estado soberano del Cauca, fundado en 1.905, lograron mediante protestas luego de seis años de discusiones jurídicas que los inversionistas extranjeros desistieran de una explotación  a cielo abierto en 1.200 hectáreas  que producirían al año 10 toneladas de oro. Esto implicaba el  traslado total de las viviendas de la parte  alta y de la  montaña, al llamado “llano”, sector en la que  hoy  reside el  20 por ciento de la población. La empresa adelanta explotación por socavón debido a la negativa de los pobladores a la aplicación de otros sistemas.

Para  el minero Jorge  Arias la multinacional  llego a generar una situación de caos,  insiste en que no han entendido  que la dinámica de la minería en Marmato es otra, que aquí  se requiere sin duda  la inversión social, pero no la plata que destruye,  que arrasa con una cultura o empobrece.

Asesores jurídicos de asociaciones mineras exteriorizaron preocupación por la situación económica de la multinacional, Gran Colombia Gold, representada en la región por  Mineros de Caldas y  Minerales Andinos. Sus directivos  responden  que como plan de responsabilidad social aportaron 700 millones para la construcción de un moderno colegio y del hospital, apoyaron el traslado de familias que están en zonas de riesgo y que avanzan en construir una propuesta  social incluyente y diversa.

La Personería insiste en que los operarios no se han retirados de los socavones de la empresa canadiense, que se les permita trabajar, teniendo en cuenta que la normatividad que los cobijo para regresar a las minas fue aplicada en los términos de ley.

Según el requerimiento jurídico no se adelantó además la consulta popular que debe ser previa, libre e informada para la definir la llegada de los inversionistas foráneos, teniendo en cuenta que el 50 por ciento de la población es afrodescendiente, el 20 por ciento indígena y el resto de mestizos y blancos.

Algunos destacan los avances en capacitación y el apoyo a los mineros con una asesoría personalizada de expertos en el registro único de comercialización de minerales, Rucom, de llegar a la minería legal, con el adelanto de obras de infraestructura, de asistencia y de requerir apoyo del gobierno central.

 En una tarea conjunta con la Secretaria de Gobierno de Caldas se crearon mesas de diálogo y de concertación, que apuntan a brindar capacitación a la pequeña minería y de subsistencia, y en lograr que la Gran Colombia Gold, amplié la vinculación de mineros y trabajadores locales a la explotación minera, se está en la fase de acercamiento para un proceso de subcontratación.

Con una inversión de 1.000 millones de pesos de la Agencia Nacional Minera, el gobierno departamental y la multinacional asentada en la zona, se construyó la estación de salvamento minero que brindara capacitación y soluciones a las emergencias, de las que no desconocen han aumentado en los últimos meses. La  Corporación Regional Corpocaldas, avanza en un censo para establecer  el número de mineros  informales, artesanales o ancestrales, además de determinar un diagnóstico sobre la situación real de la minería en el sector.

Como si lo anterior fuera poco esta además la falta de dinamita que origino la parálisis en un 60 por ciento de la explotación en los socavones repartidos en la  parte alta de la montaña “ El burro”,  que caracterizan este  reconocido  pueblo, único en  Colombia sin nomenclatura convencional, sin calles  y carreras, dada su topografía. Los jeeps y los buses escalera son el principal medio de transporte.

En la zona segunda gran reserva de oro en Colombia y cuarta en el mundo, afloran problemáticas como el uso indebido de elementos explosivos por la falta de dinamita, lo que aumento los accidentes por el uso de otros materiales de alto riesgo, 30 mutilados en los dos  últimos años, siete  muertos este año por accidentes en  los socavones. La falta del material explosivo legal hace que se utilicen otros elementos artesanales y hechizos de producción casera que riñen con la seguridad industrial y minera.

Los mineros se defienden y dicen que es una explotación que fue legalizada en el  gobierno de Mariano Ospina Pérez,  quien en 1.949  por mandato de ley, ordeno que los nativos manejaran las minas de la montaña y de la  zona alta  y las empresas o inversionistas particulares la parte baja.

Estas últimas abandonadas por sus propietarios años después y tomadas por los raizales. Dicen que eran épocas distintas en la que  el Estado coordinaba y apoyaba a los  mineros con una función más social que de ayudar a las multinacionales. Variables que sumadas a la falta de un debido apoyo político tienen hoy  a Marmato con altos niveles de pobreza.

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