Constructora CFC mantiene defensa de proyecto urbanístico de Río Blanco

Para sus directivos la decisión judicial no tendría implicación en los planes y licencias vigentes. Dicen que familias compradoras confiaron en permisos que el Estado les otorgó.

Directivos respondieron las inquietudes de este portal:

Se apelará la decisión?

Como CFC no es parte de la demanda, que es hacia el Municipio y el Concejo, esta potestad solo la tienen ellos.

¿Qué opinan de la decisión?

Primero, que es una decisión en primera instancia. No están en firme y es apelable. Segundo, que no tendría implicación en los planes parciales y licencias vigentes, puesto que es una decisión que se da 16 años después de la revisión del POT 2003, el cual se revisó de nuevo en el 2007, y esas decisiones generalmente no tienen retroactividad.  Aplican desde que se confirmen en última instancia hacia adelante.

¿Cuál es el panorama del proyecto?

Seguimos firmes en la defensa del proyecto. La Acción Popular (2012) va muy adelante, ya con peritaje presentado, con objeciones expuestas y esperamos que pronto se pase a la etapa de alegatos de conclusión, para que luego venga el fallo.

En la Acción de Nulidad (2018) dentro de la cual se decretaron las medidas que suspendieron provisionalmente el proyecto hay estancamiento desde el juzgado que la lleva, así que estamos haciendo lo posible porque la justicia aclare su posición.

Seguimos optimistas -con fundamentos- y confiados en que la ley deberá reconocer definitivamente que todo lo hicimos al pie de la letra con las normas vigentes, respetando todos los procedimientos y con el interés de hacer un proyecto de vivienda de interés social amigable con el medio ambiente, que sirva de referencia de armonía con la naturaleza.

¿Qué decirles a los compradores?

Hemos estado en permanente contacto con ellos y les hemos contado cada hito del proceso. Les hemos insistido en que el Estado es quien nos tiene en esta situación, motivado por movimientos que bajo la bandera del medio ambiente han emprendido causas para posicionarse políticamente, pero que han olvidado los verdaderos problemas que tiene la reserva en su interior, por el uso del suelo
Tanto CFC como nuestros clientes, contratistas y proveedores hemos sido víctimas de ello, pero seguimos firmes en la defensa del proyecto.

¿Tienen herramientas cuando el mismo Estado reconoció la validez del proyecto?

Es precisamente lo que esperamos, que haya coherencia del Estado. Nosotros desarrollamos el proyecto cumpliendo todo lo que exigen las autoridades competentes y mucho más. Fueron años de esfuerzo de decenas de profesionales. Cientos de familias confiaron en los permisos que el Estado mismo nos otorgó.

Esperamos que la justicia sea coherente con ello, porque de lo contrario se demostraría que no hay seguridad jurídica para las personas, para los empresarios ni para los emprendedores.

¿Cuántos empleos se dejan de generar al suspender la construcción del proyecto?

Unas 120 personas estaban trabajando en las obras TierraViva hace más de un año. El día en que conocimos la medida cautelar tuvimos que despedirlos. Detrás de ellos también había personal administrativo y varios empleos más que se debieron haber generado en este año.

Es una paradoja que algunos políticos que se jactan de defender el empleo sean los que hayan causado que todas estas personas y sus familias hayan quedado en incertidumbre laboral.

¿Qué plan b se tiene para responderles a las personas que han dado su cuota inicial o para construir el número de apartamentos que se iban a construir y que iban a ayudar a superar el déficit de vivienda para estratos tres y cuatro?

El plan A sigue siendo construir TierraViva y mostrar que podemos convivir con armonía con el medio ambiente, ser un ejemplo para el país en este sentido. El plan B es el que estamos viviendo los compradores, las personas que conforman nuestra empresa y nuestros contratistas: trabajar y esperar que la justicia decida.

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