“Cárceles, crisis en expansión”

Desde hace varios años el sistema penitenciario y carcelario en Colombia requiere de una reforma estructural.

UN Periódico invitó a siete académicos para analizar temas como la necesidad de crear una nueva política criminal, el manejo de los derechos humanos en prisión, la ausencia de políticas para la reinserción social de quienes han cumplido su pena, la salud mental y la alimentación de los internos.

Entre los temas del especial con los que se encontrarán los lectores del periódico de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se encuentra “El fracaso de la política criminal y la crisis penitenciaria”, en el que el Miguel Ángel Lamadrid Luengas, investigador de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez” (POLCRYMED) de la UNAL, señala que un hacinamiento carcelario que supera el 52 % evidencia que la utilización de la prisión como herramienta intimidatoria no funciona.

Para el experto, tal enfoque niega la realidad palpable de la limitación del Estado para afrontar el delito dándole la espalda a la urgente necesidad de generar cambios estructurales en el sistema penal colombiano.

En “Suprimir el Inpec no sería suficiente”, el profesor Juan David Posada Segura, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, afirma que antes de desaparecer una institución para darle paso a otra, el Estado debería ocuparse de cuestiones tan relevantes como tener funcionarios administrativos y directivos de carrera, y fortalecer un organismo de control disciplinario interno.

Germán Parra Gallego, abogado especialista en Derecho Administrativo de la UNAL y Jei Alanis Bello, socióloga y estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad de São Paulo (Brasil), indican en “Cárceles, expansión de los umbrales de la muerte en Colombia”, que sin los suficientes recursos humanos y financieros para satisfacer sus crecientes demandas –el presupuesto tanto del Inpec como de la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario (Uspec) es de 2 billones de pesos–, la construcción de cárceles simplemente expande un sistema de reproducción de enfermedad, muerte e incapacitación.

Con respecto a los pospenados, las investigadoras de la UNAL Edna Carolina Camelo Salcedo, estudiante del Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y Adriana Romero Sánchez, docente de la misma Facultad, señalan que para quien ha sido condenado, el regreso a la libertad y a su entorno social es un desafío. Sin embargo, hasta ahora la intervención del Estado se reduce a programas y proyectos aislados, desarticulados y generalmente desconocidos.

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