Un fiscal del  Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) acusó formalmente a los juristas por su presunta manipulación de testigos en un proceso que se seguía en la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, los dos profesionales deberán responder en juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En audiencia virtual ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, la Fiscalía respaldó su acusación material probatorio, como soportes de giros y consignaciones; y varios testimonios, entre ellos, los de dos personas privadas de la libertad y condenadas por paramilitarismo.

Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, señaló que, en julio de 2017, Diego Cadena lo visitó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Palmira (Valle del Cauca) y le habría ofrecido 200 millones de pesos y asesoría jurídica para cambiar la versión que entregó contra un aforado político.

Por su parte, Juan Guillermo Monsalve reveló que se reunió con uno de los hoy procesados en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota, en febrero del 2018.

Durante el encuentro, al parecer, uno de los abogados le pidió modificar los señalamientos que hizo en un caso que indagaba la Corte Suprema de Justicia, a cambio de asesoría jurídica, la presentación de una acción de revisión de la condena en su contra y la realización de trámites para su incorporación a la Justicia Especial de Paz (JEP).

“Diego Javier Cadena y Juan José Salazar son coautores de esta conducta punible. Mediante la división de trabajo realizaron un aporte importante en provecho de un tercero: solicitud de cartas con falsos señalamientos dirigidos a la honorable Corte Suprema de Justicia con el fin de beneficiar al aforado por las investigaciones que se adelantaba en su contra. Entregando para ello, al señor Carlos Vélez la suma de 48 millones de pesos, y al señor Juan Guillermo Monsalve ofrecimientos jurídicos”, señaló el fiscal del caso.

El abogado Diego Javier Cadena está cobijado por una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia por disposición de un juez de control de garantías.