Delegados de varias instituciones del Estado rindieron cuentas ante la Justicia Especial para la Paz, sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas de firmantes del Acuerdo Final de Paz. 272 han recibido amenazas-
En una audiencia pública, una decena de instituciones del Estado explicaron en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz, los asesinatos y amenazas contra comparecientes de la Farc firmantes del Acuerdo Final de Paz.

A la fecha, 249 miembros del Partido Farc han sido asesinados. El último caso, precisamente, ocurrió este martes en Atrato (Chocó), donde fue hallada muerta Paula Andrea Osorio, según reportaron los dos voceros del Partido político Farc que intervinieron en la diligencia en la que también estuvo presente la MAPP-OEA.

“Si se mantiene la tendencia, en diciembre de 2024 habrán asesinado 1.600 excombatientes de las Farc”. La advertencia fue hecha por el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez, durante su intervención en la audiencia,

De acuerdo con la investigación presentada por la UIA, aunque una de las tres hipótesis que explican la situación de violencia está asociada al fenómeno del narcotráfico, en 63% de los territorios cocaleros no se presentan homicidios contra excombatientes. El perfil de las víctimas corresponde a: hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad, que tendieron a ocupar posición de baja jerarquía durante su permanencia en el extinto grupo armado.

“Uno de los patrones indica que hay un desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo”, advirtió Álvarez sobre el estudio: “Silenciando la verdad”, presentado por la UIA a la magistratura.  Agregó: “Cada vez que se asesina a un excombatiente de las Farc, se silencia la verdad de una o un grupo de víctimas”.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

A partir de este contexto, y con la información recolectada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, durante tres diligencias realizadas con población en riesgo en Antioquia, Meta y el suroccidente del país en el transcurso de 2020, los magistrados escucharon a la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera; al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; al consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila; al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos; al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo; y a la Viceministra de Defensa, Diana Abaunza, entre más de una decena de intervinientes.

¿Cómo podemos hablar de un modelo exitoso pero los crímenes siguen y en muchos casos se agravan?, ¿Qué está fallando si las instituciones están tomado las medidas correspondientes?,   ¿Cómo ha disminuido el riesgo de los comparecientes que han sido desplazados de sus zonas y cuando siguen matando a 1 cada 5 días?, ¿Qué va a pasar con las los antiguos Espacios de Reincorporación y las Nuevas Áreas de Reincorporación si ninguno de los dos existen jurídicamente?, ¿Cómo es posible que la Comisión de Garantías funcione sin reglamento?, fueron algunas de las preguntas que formuló la magistratura a los intervinientes.