La Sala Plena de la Corte Constitucional trazó una hoja de ruta para establecer un camino más claro respecto al acceso a la propiedad rural en el país. Mediante una sentencia, tomada por decisión unánime y con un salvamento parcial, se busca resolver varias inconsistencias jurídicas y administrativas respecto al acceso a la tierra.

De acuerdo con el alto tribunal, no hay un tratamiento equitativo frente al acceso a la propiedad rural para los campesinos por parte del Estado

En un primer punto, el alto tribunal señaló que hay un incumplimiento del deber del Estado para promover el acceso a la tierra, por lo cual se adoptaron las principales medidas para cobijar las peticiones de los campesinos que han buscado la regularización y formalización de la propiedad rural.

La Corte se pronunció frente a esta situación por cuenta de 13 tutelas presentadas por la Agencia Nacional de Tierras en contra de las decisiones tomadas por varios jueces en Boyacá, Cundinamarca y Santander que entregaron bienes, presuntamente baldíos, a particulares en procesos de pertenencia.

De acuerdo con el fallo, los baldíos son propiedad de la nación, motivo por el cual son imprescriptibles e inembargables, y no podrán ser entregados a particulares basándose en decisiones judiciales a través de la prescripción adquisitva.

Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la entidad adoptó medidas. Una de ellas hace referencia exhortar al Congreso para que fortalezca la Agencia Nacional de Tierras y crear una jurisdicción agraria, lo cual está contemplado en el primer punto del Acuerdo de Paz.

“Que se adecúe la legislación agraria con la finalidad de superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural, dentro del respeto del derecho de propiedad y las situaciones jurídicas consolidadas”, precisó el alto tribunal.

Cabe recordar que la puja por este caso se encuentra en la Corte desde hace más de cinco años, pues en 2017 llegó la primera acción de tutela que hace referencia a este suceso y, con el paso de los meses, los casos fueron aumentando hasta llegar a enero de 2021, cuando el magistrado Lizarazo presentó su ponencia.

Para entender mejor las denuncias que se han venido interpuesto, sin resolución alguna, sobre la adjudicación irregular de baldíos, la Corte las separo en dos grupos. El primero corresponde a solicitudes de tutela presentadas por la Agencia Nacional de Tierras -ANT- contra providencias judiciales que adjudicaron predios rurales, con el argumento de que eran bienes privados por el hecho de estar bajo explotación económica.

Esto tiene que ver con aquella teoría de que la tierra es del que la trabaje. Y el segundo grupo corresponde a dos solicitudes de tutela de particulares contra las providencias judiciales que les negaron la prescripción adquisitiva del dominio, sobre predios rurales por existir dudas sobre la naturaleza privada.

Entre los hallazgos del por qué algunos judiciales regionales otorgaban bienes públicos para posesión privada, se encontró que en las sentencias contra las cuales se dirigen las acciones de tutela, dictadas por jueces civiles en procesos de pertenencia, se evidencia que estos funcionarios no aplican ni interpretan de manera uniforme las disposiciones del régimen especial de baldíos, razón por la que adoptan decisiones diferentes y en algunos casos contradictorias.