Esta decisión está orientada a dar solución con mayor celeridad y mitigar las fuertes afectaciones de la temporada de lluvias del primer semestre en el departamento.

La decisión se tomó en sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, a la que asistieron los alcaldes de los 27 municipios  , el Comité de Gestión del Riesgo de Caldas y los secretarios de despacho de la Gobernación.

Durante un encuentro virtual, los mandatarios socializaron el panorama al que actualmente se enfrentan sus territorios y cuál ha sido la capacidad de respuesta ante esta situación.

Se identificó que aproximadamente 10 municipios están en vulnerabilidad, como Marquetalia, Manzanares, Marmato, Salamina, Manizales, Marulanda, Pensilvania, Palestina, entre otros.

Al declarar la calamidad pública departamental se hace necesario la construcción de un plan de acción , en el cual se plantean las necesidades apremiantes en cada sector para atender las afectaciones generadas por esta temporada de lluvias.

En Caldas se priorizaron cuatro frentes: infraestructura vial, vivienda, afectación agrícola y asistencia humanitaria. En caso de verse afectado otro sector, este se incluirá en el plan de acción.

La calamidad pública le permite a la administración departamental la inversión de recursos de manera más ágil, así como adelantar gestiones ante entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o diferentes ministerios para priorizar la destinación de recursos en el departamento.

La secretaria de Medio Ambiente de Caldas, Paola Andrea Loaiza Cruz, dijo que se  planteó la declaración de calamidad pública departamental para atender el sector vial y vivienda, más específicamente en la reubicación de las familias que se encuentran en zona de riesgo no mitigable. Además, en términos de ayudas humanitarias en los municipios porque actualmente gran cantidad de familias se ven afectadas por esta ola invernal. AUDIO 

¿Qué es la calamidad pública y cuándo se declara?
Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales. Esto genera una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población en el respectivo territorio, lo cual les exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. (Ley 1523 de 2012)