El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que durante la pandemia los grupos armados ilegales continuaron el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. De los casos 23 fueron  reportados en la entidad, 23 en territorio y 29 por otras entidades.

En un trabajo realizado por servidores de la Entidad, del 17 de marzo al 30 de septiembre, se tuvo conocimiento de 83 casos, de los cuales 23 fueron reportados en terreno; 23 directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo; seis por ONG; 2 por la Agencia de Naciones Unidas y 29 por otras entidades.

Los departamentos en donde cometieron el ilícito son: 21 en Caquetá; 19 en Cauca; 8 en Putumayo; 7 en Antioquia; 6 en Arauca; 4 en Chocó; 3 en Amazonas y Córdoba, cada uno; 2 en Huila, Meta, Vichada y Nariño (específicamente en Tumaco) y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De todos los casos, un 80 % ocurrieron en zonas rurales.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 8 y los 18 años. De ellos, el 33% son menores de 14 años y un 59% son hombres (49 casos). Además, 20 son indígenas y 2 afrodescendientes.

Respecto a los grupos armados ilegales autores del reclutamiento están facciones de las disidencias las FARC-EP, con 54 casos (63%); grupos armados del crimen organizado, con 5; grupos posdesmovilización de las AUC, con 5; el ELN, con 6; disidencias GAOR 36, con 2; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con 1, y no se tiene información en 10 casos.

Además del reclutamiento forzado, se establecieron otros delitos de los que son víctimas los menores de edad, como desplazamiento forzado (18 casos); amenazas (16); desapariciones forzadas (3); violencia sexual (2); lesiones personales (2) y otros (16).

“Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos de los colombianos y se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y mucho más cuando sus familias son afectadas por la pandemia en cuanto a su salud y a la falta de recursos económicos”, indicó el Defensor del Pueblo.

Para la Defensoría, se requiere formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas tanto de menores de edad como a sus familiares y/o cuidadores.