El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que en el monitoreo que la entidad ha venido efectuando al fenómeno de ocupación indebida de tierras en varias regiones del país hay un aumento de casos que requieren medidas urgentes del Gobierno para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades en conflicto.

En el primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social dijo que hay que poner especial atención en Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios.

La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, con el 36% de los casos”, dijo el Defensor del Pueblo.

Dijo que ha sido posible evidenciar que cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional. En el panorama general que hemos encontrado frente a los principales conflictos latentes, llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca, subrayó.

Según explicó el Defensor del Pueblo, las principales causas que originan las ocupaciones de tierras están relacionadas con dos particularidades. En primer lugar, con comunidades rurales que carecen de tierra, no tienen acceso suficiente a la misma y reclaman derecho al acceso progresivo a la propiedad. Estas situaciones se presentan en predios considerados improductivos; bienes baldíos o fiscales patrimoniales y en predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Una segunda causa, se vincula a ocupaciones ejercidas por población étnica, que en el marco del ejercicio denominado como “liberación de la madre tierra”, ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esta última situación se registra en mayor medida en los departamentos de Cauca y Vichada, manifestó Carlos Camargo.

No obstante, hay ciertas particularidades regionales. Por ejemplo, en los departamentos de Guainía, Huila y la región del Urabá, el fenómeno está asociado a demandas de las comunidades para acceder a tierra para la construcción de vivienda propia, debido al déficit habitacional que presentan estas regiones. En esta última zona se presentan casos de ocupaciones vinculadas a procesos de restitución de tierras.

En la instalación del Encuentro internacional recalcó la importancia del diálogo directo con las comunidades para buscar salidas muy rápidas a esta conflictividad. “Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el Gobierno, es necesario contar con resultados muy rápidos, para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social, dijo.

Se ha exacerbado la conflictividad intercultural que involucra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y las disputas en torno a la territorialidad. Se identifican vulneraciones a derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el acceso progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, acceso a crédito agropecuario y afectaciones al medio ambiente, dijo el funcionario.

Carlos Camargo sostuvo que “de los 108 casos identificados por la Defensoría del Pueblo, al menos 13 tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y a través del seguimiento a las Alertas Tempranas de la entidad.