La Policía Fiscal y Aduanera; el CTI , de la Fiscalía General de la Nación; y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, capturaron a nueve personas en Pereira y Cartago.

A los aprehendikdos se les señala de  los delitos de Concierto para delinquir, Abuso de confianza calificado, Hurto, Favorecimiento y facilitación del contrabando.

La investigación , dice en un reporte, surgió de denuncias recibidas a través de la línea anticontrabando POLFA. Se logró establecer que  desde el año 2017, y durante los años 2018, 2019 y 2020 , esta organización habría obtenidos ganancias aproximadamente por más de $1.000 millones en este comercio ilícito.

Una vez se recibió la denuncia por parte de la fuente informal, los investigadores iniciaron los seguimientos para la identificación de esta estructura criminal dedicada al contrabando, almacenamiento y venta de mercancías de procedencia extranjera (Calzado, Confecciones y otros).

Se estableció que integrantes de esta organización,  aprovechando su condición de empleados  de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,  idearon la forma de extraer estas mercancías del lugar para así llevarlas nuevamente al comercio ilícito.

La supuesta organización delincuencial , conformada por 9 hombres, acordaron y establecieron su actuar delictivo, iniciando por la identificación y clasificación de la mercancía que ingresaba al depósito, la cual pudiera ser de fácil comercialización y de alta ganancia económica.

Coordinaban lugares y horas para realizar la extracción de las mercancías para evitar ser grabados por las cámaras de seguridad o ser observados por personal de la empresa ajenos a la conducta delictiva.

El cabecilla de la organización se encargaba de contactar a los comerciantes a quienes podrían venderles la mercancía y, además, se encargaba de comprar mercancías de muy mala calidad y de bajo precio, para ser ingresada nuevamente a la bodega y reemplazar la mercancía extraída y así de manera fraudulenta, completar los inventarios de las mercancías que se encontraban bajo guarda y custodia.

Según la legislación aduanera y las directrices del gobierno nacional, existen mercancías que deben ser destruidas por ser riesgo para su uso y consumo, situación que no fue desaprovechada por la organización delincuencial, ya que informaban la destrucción de este tipo de mercancías, pero se apoderaban de parte de ellas, las cuales comercializaban nuevamente, obteniendo así  ganancias del 100 %, al no tener que reemplazar ningún inventario.

Desde el año 2017 se inició la investigación. Se recolectaron las pruebas a través de las que se logró determinar, que  la organización  realizó la comercialización de alrededor de 23.000 unidades de mercancías, de los sectores económicos de confecciones, calzado, tecnología, autopartes, entre otros, avaluadas comercialmente en $1.060 millones .

Se presume que hubo operaciones de las cuales no se logró encontrar registro, pero si existen testimonios verbales, por lo cual esta cifra podría ser superior, dice en el informe