La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años a los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez, quienes se vieron involucrados en la muerte de Javier Ordóñez. Les impuso la máxima sanción disciplinaria.

En la lectura del fallo disciplinario, la delegada de la Policía Judicial, Aura Fajardo Moreno, realizó una descripción de las cámaras de seguridad, videos que desmienten la versión de los patrulleros de haber intervenido en una riña.

Según las autoridades, las acciones de los demandados fueron arbitrarias e injustas, ya que las armas solo podrían haberse utilizado como último recurso y en ningún momento se comprobó que la vida de los patrulleros estuviera en peligro.

La defensa y la familia de la víctima habían manifestado en ocasiones anteriores la solicitud de la más alta condena para los patrulleros.