La rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, señaló que se ha insistido en todos los escenarios sobre la Ley de Honores que este año se ha focalizado en la Estampilla.

“No podíamos permitir que unos paguen y otros no, porque necesitamos los recursos, sobre todo en momentos de pandemia, cuando debemos fortalecer nuestro Hospital Universitario y nuestra Universidad”, enfatizó.

Diana Patricia Richardson, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Agencia ITCR), aseguró que gracias a la solicitud de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se formularon recomendaciones para hacer efectivo el recaudo del impuesto a favor de las instituciones de educación superior públicas.

La funcionaria señaló que mediante la auditoría que adelantó la Agencia para revisar el debido recaudo del tributo, la fiscalización y el cobro coactivo de los recursos provenientes de la “Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y otras universidades estatales de Colombia”, se emitieron una serie de recomendaciones para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) haga el recaudo de manera efectiva.

La intervención de la Agencia fue solicitada por la Dirección de la Universidad, mediante varias mesas de trabajo en las que se han expuesto las necesidades de financiación de la Institución y la baja recaudación de los recursos correspondientes a la Estampilla universitaria.

Mediante la Ley 1697 de 2013 se creó la Estampilla con el objeto de entregar recursos a las universidades tanto para la construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria como para la actualización tecnológica, el apoyo a la investigación y a programas de bienestar estudiantil, incluyendo la disminución de la matrícula para las poblaciones de estudiantes vulnerables.

Particularmente en la UNAL se destinaron recursos para la construcción y dotación del Hospital Universitario Nacional (HUN) y el fortalecimiento de sedes para la presencia en regiones del país.

Para dirigir, administrar y distribuir estos recursos se creó el Fondo Nacional, a cargo del Ministerio de Educación Nacional (MEN), y a la DIAN le corresponde ser el acreedor de la obligación tributaria.

Bajo recaudo

Según la UNAL, desde 2014 se ha dejado de percibir una alta proporción de recursos, dado que no se ha ejercido efectivamente el cobro del impuesto a varias empresas del Estado que suscriben contratos de obra pública.

En el caso de esta Institución, la asignación de recursos desde el MEN por concepto de la Estampilla empezó en 2015 con 35.000 millones de pesos, y en 2019 pasó a cerca de 60.000 millones de pesos. Sin embargo los estudios muestran que con un recaudo eficiente las cifras serían mayores.

Según la Rectoría, la desfinanciación histórica de las universidades públicas es cada vez más crítica y se ha agudizado por las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.

Ante esta coyuntura, los recursos pendientes de recaudo resultan importantes para fortalecer la infraestructura tecnológica, avanzar en investigación estratégica para el país y apoyar programas y proyectos académicos y de bienestar que garanticen la permanencia de los estudiantes dentro del sistema de educación superior.

Frente a la situación planteada por la UNAL, la directora del ITCR invitó a que las personas denuncien e informen estas situaciones a la Agencia, porque “una de nuestras funciones es auditar los procedimientos de recaudo y emitir las recomendaciones pertinentes”.