La Oficina de Estudios Económicos (OEE) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, confirma que la mejora regulatoria y la supresión de barreras dentro de la estrategia ‘Estado Simple, Colombia Ágil (ESCA)’, ahorró $70.375 millones, por concepto de eliminación o simplificación de trámites, que calcula el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El resultado mide el impacto económico de 874 acciones que permitieron eliminar normas en desuso o mejorar normas con alta incidencia en las actividades de los colombianos, debido a su frecuencia de uso, cantidad de personas que deben acudir a ellas y costos asociados.

También cuantifica la reducción del gasto al eliminar 431 barreras que dificultan innecesariamente el acceso de los ciudadanos y las empresas a servicios del Estado, o el cumplimiento de obligaciones ante entidades oficiales.

“Este nuevo indicador permite cuantificar con más exactitud los resultados de ‘Estado Simple, Colombia Ágil’, tanto para empresas como para todos ciudadanos.

Confirma que la racionalización de los procedimientos representa un logro en términos monetarios, y da elementos de juicio para tomar decisiones frente a la simplificación de las relaciones con el Estado y así garantizar condiciones más propicias para el desarrollo de iniciativas productivas o de gran impacto para la economía”, destacó la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.

¿Cómo funciona?

La OEE identificó que las acciones de mejora regulatoria y supresión de barreras se pueden clasificar en siete tipos de beneficio para los usuarios. Primero, reducción de tiempo de obtención del procedimiento.

Seguido por la respuesta o notificación electrónica, el pago en línea, la radicación en línea o telefónicamente, la eliminación o reducción de tarifa, la eliminación de requisitos, y el aumento de canales y/o puntos de atención.

Por lo que se hizo una estimación de la forma en que esos beneficios impactan el tiempo requerido para acceder al servicio o cumplir la obligación, lo que incluye la movilización hasta oficinas públicas, el tiempo de espera en el punto de atención y el tiempo de espera para el resultado final.

Además, incluyó los potenciales costos de desplazamiento, la inversión en servicios de mensajería, el pago de tarifas asociadas y gastos adicionales por requisitos como fotocopias y formularios.