El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa dijo que 21 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas siete alcaldes, cuatro funcionarios de diferentes dependencias municipales y 10 particulares. De los 21 judicializados, 13 aceptaron cargos, 5 de ellos son alcaldes.

Las investigaciones permitieron identificar posibles irregularidades en 47 contratos que, en valor, superan los 46.305 millones de pesos.

De acuerdo con el material de prueba, el exsenador Mario Castaño, a través de algunos de sus presuntos colaboradores, lograba que entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones.

A cambio, las administraciones municipales al parecer, beneficiaban y direccionaban la contratación a unos aspirantes específicos, quienes pagaban dádivas que presuntamente eran distribuidas entre los partícipes del entramado criminal.

La Dirección Especializada contra la Corrupción logró la captura y judicialización de 21 personas (7 alcaldes municipales, 2 secretarios de planeación municipal, 2 funcionarios de despacho y 10 contratistas), señalados de distintas irregularidades en 47 contratos, cuyo valor total ascendería a 46.305 millones de pesos.   1

3 de los 21 capturados aceptaran cargos, entre ellos, los alcaldes de Piendamó y Suárez (Cauca), La Merced y Villamaría (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). Estos últimos presentaron renuncia a sus cargos.  Los casos detectados ocurrieron en Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Tolima.

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una nueva fase investigativa contra una presunta red de corrupción que sería la responsable de la apropiación de parte de los dineros girados a los municipios para cubrir diferentes proyectos de infraestructura o garantizar el suministro de bienes y servicios para la ciudadanía.

Aguadas (Caldas)

La Alcaldía de Aguadas (Caldas) celebró dos contratos por un monto de 1.563 millones de pesos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío. El objeto era el mantenimiento y la repavimentación de vías terciarias.

Con el presupuesto gestionado se firmaron seis subcontratos para cumplir con las obras que favorecerían a nueve veredas. De esta manera, las actividades contempladas fueron confiadas a contratistas que harían parte de la señalada red de corrupción. En total se investigan 15 contratos por valor de 4.747 millones de pesos.

En los actos ilícitos detectados, al parecer participaron el alcalde de Aguadas (Caldas), Diego Fernando González Marín; y los contratistas Olga Lucía Botero Gómez, Mauricio Alberto Quiceno Cardona, Álvaro Hernán Suárez Brochero, Pablo Andrés Rodríguez Arbeláez y Kristian Andrés Marín Henao.  La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia y enriquecimiento ilícito de servidor público. Los procesados no aceptaron los cargos.

Villamaría (Caldas)

Contratos por un valor de 13.981 millones de pesos fueron entregados en medio de posibles inconsistencias en las fases precontractual y de ejecución. Se trata de contratos para proyectos de impacto social como la construcción de un acueducto veredal por valor de 12.000 millones de pesos; la construcción de canchas múltiples, y el cambio de alcantarillado y pavimentación de una calle principal en el centro de la población, estos dos contratos por un valor de 1.981 millones.

En ese sentido, el alcalde de Villamaría (Caldas), Andrés Felipe Aristizábal fue imputado por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. El mandatario aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento domiciliaria.

La Merced (Caldas)

El alcalde de La Merced (Caldas), Jhonattan Manuel Vásquez Duque; y la exsecretaria de planeación del municipio, Diana Agudelo Rincón fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

El alcalde habría intercedido en la adjudicación de ocho contratos, cuyo valor superaba los 3.460 millones de pesos, entre tanto la señora Agudelo Rincón habría participado en cuatro. Es así como en el segundo semestre del 2020 se direccionó la construcción de un parque por valor de 691 millones de pesos, la estabilización de taludes en el municipio por 239 millones de pesos y en diciembre del año anterior se realizó un contrato de obra que superó los 1.129 millones de pesos.

Los procesados aceptaron los cargos. En ese sentido, permanecerán privados de la libertad en su lugar de residencia.

Alcalá (Valle del Cauca)

La evidencia obtenida indica que se presentaron actos ilícitos en la celebración de tres contratos, que ascendieron a 4.702 millones de pesos. Se destacan las irregularidades presentadas en el contrato para la construcción de obras de estabilización de taludes en el sector conocido como Bélgica que tuvo un costo de 4.533 millones de pesos. Lo firmado estuvo amparado bajo el decreto de calamidad pública en diciembre del año pasado.   También se investiga la compra de una ambulancia por un valor cercano a los 215 millones de pesos. Además, de un contrato para estudios de riesgo y diseños de obras de estabilización de terrenos por valor de 18 millones.

En consecuencia, por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos a la alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca), Gloria Raigoza. Los cargos fueron aceptados por la mandataria, quien recibió medida de aseguramiento domiciliaria.

Armero Guayabal (Tolima)

Por el presunto desacato de principios esenciales contenidos en las normas que reglan la contratación pública se habrían puesto en riesgo 1.250 millones de pesos, que correspondían a un contrato para una obra de infraestructura y movilidad que adecuaba espacios de esparcimiento, convivencia y la cultura en el municipio.

Por lo anterior, el alcalde de Armero Guayabal, Medardo Ortega Fonseca y la contratista Ruth Piedad Echavarría fueron imputados por delitos como cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Red de corrupción

La Dirección Especializada contra la Corrupción, en un trabajo articulado con el CTI, ha logrado la captura y judicialización de 33 personas que estarían involucradas en la red corrupción. Hasta el momento se han verificado 114 contratos, que superan en monto los 112 mil millones de pesos.    Las actividades investigativas continúan.