La Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Víctimas advirtieron que hay incertidumbre sobre la financiación de la norma que los protege y la atención en la emergencia del Covid -19.

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el covid -19.

Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por ello se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.

La pandemia en los territorios y comunidades étnicas podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado.

Para las comisiones, es fundamental que el Gobierno nacional ante la contingencia generada por el coronavirus adopte urgentemente correctivos y medidas especiales, que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica.

A pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización, durante la emergencia.

Entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por el covid-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.

Se encontraron casos en que algunas comunidades confinadas en Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato y Riosucio (Chocó), han tenido que esperar más de seis meses la entrega de la ayuda humanitaria, y otros donde los actores armados aprovecharon la emergencia sanitaria para aumentar su intimidación en las zonas donde delinquen.

Sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos

A pesar de la insistencia de los órganos de control, el Gobierno nacional no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo CONPES que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz.

El esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. Es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos.

Según cálculos de la Contraloría General de la República, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y  salud – SGP ($197,3 billones), entre otros.

La materialización del derecho a la restitución de tierras presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces. Durante los años 2018 y 2019 no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. En los casos de víctimas de pueblos étnicos solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, y de 1.292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas 11.4%.