La entidad ha formulado imputación contra integrantes de las organizaciones criminales por 708 hechos victimizantes de reclutamiento, perpetrados contra menores de edad en el territorio nacional.

En una reunión sostenida con la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez; la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; y la consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado;

La Vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, recibió́ el informe con la denuncia colectiva contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos armados residuales, por el reclutamiento forzado sistemático de niños, niñas y adolescentes.

Los menores incluidos en el documento, víctimas de esta problemática, lograron desvincularse y fueron atendidos en el programa especializado que el ICBF tiene para el restablecimiento de sus derechos.

Ante las denuncias, la Vicefiscal General de la Nación manifestó́ que se dispondrán todos los medios técnicos e investigativos para adelantar los procesos con celeridad y rigurosidad, con el fin de lograr la judicialización de los responsables que han atentado contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, resaltó que, para el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, es de suma importancia poder focalizar todas las actividades investigativas sobre este tipo penal en un grupo de fiscales con dedicación exclusiva a esta temática, adscritos a la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada (Daiaco), quienes, junto con los investigadores y analistas, están especializados en la investigación y acusación de este tipo de fenómenos delictivos.

Sobre este fenómeno criminal y sistemático, la Fiscalía ha venido abordando las investigaciones bajo una estrategia de priorización que ha permitido identificar las zonas donde se concentra el mayor número de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados, así: Arauca, Norte de Santander, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Meta.

Esta estrategia se ha concentrado en: (i) escuchar a las víctimas, que a su vez son testigos de excepción de esta práctica criminal; (ii) asociar los casos en unas macro-investigaciones enfocadas en la persecución de los máximos responsable; (iii) priorizarlos y asignarlos especialmente a fiscales de la DAIACO.