La  Ley 1996 del 2019 exige a los departamentos utilizar recursos propios para cumplir con nuevas responsabilidades relacionadas con las personas discapacitadas, dineros con los que no se cuentan.

En una reunión ordinaria del Conseo Nacionald e Discapacidad también se abordaron asuntos relacionados con estrategias de servicios de rehabilitación funcional en baja complejidad de atención; Boletín de discapacidad, IPS avaladas por los secretarios de Salud para la realización del Certificado de Discapacidad, y aclaración Resolución 359 del 10 de julio: proceso de selección de los representantes de la sociedad civil ante la CND.

Igualmente, se abordaron asuntos relacionados con estrategias de servicios de rehabilitación funcional en baja complejidad de atención; boletín de discapacidad IPS avaladas por los secretarios de Salud para la realización del Certificado de Discapacidad; aclaración Resolución 359 del 10 de julio: proceso de selección de los representantes de la sociedad civil ante la CND, y se abordó la nueva ley 1996 de 2019.

El gobernador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo Vargas, como representante de la Federación Nacional de Departamentos ante este ente, expresó su preocupación con relación a la ley 1996 de 2019, que delega en los departamentos más responsabilidades en materia de discapacidad, pero sin apoyo financiero de las mismas.

“La preocupación del gobernador de Risaralda y de los gobernadores, es que esta nueva ley en su reglamentación involucra un nuevo servicio “atención gratuita a las personas con discapacidad para la valoración de apoyos”, y que en conjunto toda la aplicación de dicha ley requiere una nueva asignación de recursos. Lo que significa que las gobernaciones tendrán que contratar un equipo interdisciplinario que preste dicho servicio, inversiones con partidas presupuestales propias de los departamentos, que en las actuales circunstancias y con los recursos existentes no se podrían atender”, dijo la secretaria de Desarrollo Social, Elizabeth Diosa.

La funcionaria agregó, que se hizo hincapié en que este momento el escenario ideal de debate y revisión es el Consejo Nacional de Discapacidad, y que se hace urgente incidir en su reglamentación.

“Con base en lo anteriormente mencionado se solicitó cordialmente de manera prioritaria el apoyo en la formulación de una propuesta técnica y jurídica de la Federación Nacional de Departamentos para que antes de la  implementación de la Ley se nos permita incidir en su reglamentación con una propuesta asociada a la nueva competencia que deben asumir las administraciones departamentales”, indicó la funcionaria.

Añadió que se dejó en claro en el Consejo Nacional la necesidad de un espacio de discusión, no solo de aprobación.