Gobierno debe proteger a campesinos y garantizar derecho a la tierra

El Procurador General , Fernando Carrillo, hizo un llamado a trabajar por la reivindicación de los derechos de los campesinos, condenados a la pobreza y la violencia.

En su intervención en la ‘Audiencia Pública por la Tierra, el Territorio y el Campesinado’, Carrillo Flórez pidió al presidente Iván Duque la adopción de la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos para permitir que el sistema judicial trabaje en función de la búsqueda de la igualdad, en las economías y entornos rurales.
Agregó que es importante pensar en el desarrollo del Acuerdo de Escazú para poner en marcha una política de defensa y seguridad para los líderes ambientales campesinos.
“A los territorios rurales no puede seguir llegando la fuerza pública como única representación del Estado. Se requiere una presencia integral que incluya escuelas, salud y justicia. Por eso la Procuraduría trabaja en un proyecto de ley de acceso a la justicia local, rural y básica”.
El jefe del Ministerio Público enfatizó que la respuesta al déficit que ha tenido la política agraria está en el acceso a la propiedad, a los créditos y a la tecnología.
Agregó que el país requiere una Reforma Rural Integral “no porque esté en el Acuerdo de Paz, sino porque es esencial para el desarrollo local y rural de Colombia y es la fórmula para transformar las condiciones que nos van a evitar seguir fomentando la violencia y el conflicto en los territorios”.
Para el PGN Colombia necesita una política pública que empate los programas agrícolas con la defensa del medio ambiente, teniendo en cuenta que este es un país con 11 millones de habitantes en el campo, de los cuales cinco millones son mujeres y existe más de 1,5 familias campesinas.
El Ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, quien intervino en el primera panel de la audiencia, sobre política pública, acuerdos incumplidos y declaración de derechos de los campesinado, se comprometió a que en un mes el estado empezará a dar los primeros pasos de esta ruta.
Participación a los campesinos
Por su turno, el Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Trujillo, alertó a la Cancillería sobre la necesidad de que el país ratifique el Acuerdo de Escazú. “Necesitamos que Colombia dé ese paso y demuestre que sí valora sus campesinos”.
Sostuvo que no se está cumpliendo con la Constitución y la ley cuando se congelan los recursos vitales para el campo y los campesinos, y pidió que los presupuestos de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Ambiente y Desarrollo Sostenible sean fortalecidos, teniendo en cuenta son las carteras más importantes “para la nueva visión económica de un Plan Nacional de Desarrollo, que deberá ajustarse a esta realidad mundial y nacional que nos vino con la pandemia”.
“No puede ser que en la propuesta de presupuesto del gobierno para el próximo año, con el hambre y crisis que va a venir por cuenta de la pandemia, se estén recortando recursos a las carteras de Agricultura y Ambiente”.
Trujillo destacó el anuncio del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación de darle participación en un plazo de un mes a las organizaciones campesinas para que sean protagonistas de las políticas públicas agrarias.
Por su parte, la Delegada para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz, Elena Ambrosi, enfatizó en la importancia de contar con información catastral para el diseño de las políticas públicas y lamentó que solo un millón de hectáreas hayan sido ingresadas al Fondo de Tierras, frente a la meta establecida de siete millones por formalizar y tres millones por adjudicar.
“El avance de un millón de hectáreas en el fondo de tierras es importante, pero a juicio de la Procuraduría esto no constituye un avance del 30%  de la meta establecida en el acuerdo pues las hectáreas que hay en el fondo, según la propia caracterización que ha hecho la Agencia Nacional de Tierras, son hectáreas que están casi todas ocupadas, luego sobre ellas procedería la formalización y no la adjudicación”.
Sobre los municipios priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, advirtió que las condiciones de seguridad son un desafío para la implementación del programa de catastro, especialmente en los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo Con Enfoque Territorial).
Al concluir la audiencia virtual transmitida en el canal de Youtube de la Procuraduría, que fue seguida por más de 1.100 usuarios, y que contó con apoyo del Dejusticia – Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Ministerio Público advirtió que hará seguimiento a las rutas expuestas en la implementación del catastro multipropósito y el ordenamiento social de la propiedad rural, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la implementación de los PDET y la constitución de las Zonas de Reserva Campesina.
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