La Corte Suprema de Justicia convoca al uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente a esta amenaza contra el Estado de derecho del país.

Una comunicación de ese alto tribunal dice:

Las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque contra la democracia colombiana.

La Corte rechaza categóricamente estos hechos que, de comprobarse, constituyen un nuevo atentado contra la independencia judicial, se solidariza con los periodistas, oficiales y funcionarios objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales, pide protección para ellos y ratifica que ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo.

De otro lado, la aclaración sobre el alcance del hallazgo del artefacto en el despacho de uno de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción fue dejada en manos de la Fiscalía General de la Nación, organismo competente para investigar el caso.