Así lo informa el  gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez. Precisó que los actores del sector Salud, recibieron respuesta a sus peticiones de investigar a los responsables de la liquidación no planificada de las EPS en el país.

En este sentido la Corte Constitucional, por medio de un auto de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, de unificación del sistema de seguridad social en Colombia, solicita a los entes de control investigar la pérdida de recursos para la salud, producto de la liquidación de las EPS y que establezcan la posible comisión de conductas que puedan derivar en responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria o administrativa.

“No es justo que las IPS públicas y privadas estén perjudicadas financieramente, que se estén perdiendo los recursos del sistema de seguridad social en salud, por culpa de muchas EPS, pero además por las liquidaciones no planificadas de las mismas y que no se tomen acciones al respecto; entidades como el Hospital Santa Sofía han perdido recursos cercanos a los $120.000 millones en los últimos 10 años, por el cierre de estas entidades”, concluyó Piedrahíta Gutiérrez.

 La corte ordenó a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y a la misma Superintendencia de Salud, que evalúen rigurosamente los procesos de liquidación, pues están llevando al sector a la pérdida de los recursos públicos garantes de su operatividad.

De otro lado, indica Piedrahíta Gutiérrez, que si existiesen pólizas y contratos entre las EPS y el Estado o los municipios, efectivamente se podría garantizar el cumplimiento de la Ley 80 de 1993 a cabalidad, el Estado preservaría el orden y el cumplimiento de sus fines, que los recursos no se perderían por la comodidad de ciertas EPS, empresas privadas, que muchas veces solo creen en sus propios intereses y no en el bienestar de la población.