La decisión adecua la indagatoria que hizo la Corte Suprema de Justicia con la imputación que exige la Ley 906. Es decir, lo actuado tiene validez plena y ahora le corresponde a la Fiscalía decidir si presenta escrito de acusación.

El juzgado 4 penal del circuito definió los tres recursos que se habían interpuesto en contra de la decisión que le había otorgado la libertad del exmandatario. Se revocó lo establecido por la jueza de garantías Clara Ximena Salcedo y se consideró que la indagatoria que se adelantó en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema es equiparable con la imputación de la Ley 906 de 2004.

El proceso deberá seguir en el sistema penal acusatorio y le corresponderá a la Fiscalía decidir si presenta escrito de acusación, solicita la preclusión o aplica el principio de oportunidad

Los impugnantes (Iván Cepeda, Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre) insistieron en que la decisión de primera instancia, generó los efectos propios de una nulidad al desconocer lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Consideran, que se violó el concepto de equivalencia sustantiva cuando no se equiparó la indagatoria que adelantó la Corte bajo la Ley 600 de 2000 con la imputación que exige la Ley 906 de 2004.

El abogado Jaime Granados Peña, defensor de Uribe Vélez, enfatizó que su pretensión jamás fue desconocer lo actuado por la Corte Suprema, sino que, debido al cambio de jurisdicción a raíz de la renuncia del expresidente a su fuero de congresista, se produjo “un decaimiento” de las actuaciones.

El juez de la causa, añadió que al ser una actuación que se llevó a cabo por el juez natural de Uribe en ese momento –así como lo era la Corte debido a su condición de senador–, la legalidad de lo realizado no puede ser puesta en entredicho.

Todo la evidencia recogida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte pasa a manos de la Fiscalía como elementos materiales probatorios y podrá ser empleada en caso de que lo consideren necesario. Así mismo, el ente acusador tendrá que definir si precluye el proceso, abre la puerta para un principio de oportunidad o presenta un escrito de acusación.

Pero en lo referente a la libertad del expresidente, el juez mantuvo la decisión de la jueza Salcedo porque, según explicó, el único actor procesal investido con autoridad legal para solicitar una medida de aseguramiento es la Fiscalía y esta no la ha pedido. Por lo tanto, una determinación en sentido contrario sería violatoria de los derechos fundamentales de Uribe.