La funcionaria presentó su renuncia al Presidente de la República aduciendo motivos personales y agradeciéndole la oportunidad de haber podido servirle a la niñez y adolescencia de Colombia.

Durante su gestión, se destacan los siguientes logros:

  1.  Reducción del 11,4% en las notificaciones de muertes asociadas a la desnutrición entre 2018 y 2019, gracias al Plan Ni1+.
  2.  Transformación del modelo de contratación de servicios de Primera Infancia, que involucra una inversión pública de 4,5 billones de pesos, pasando de contratación directa y cerrada, a un proceso objetivo, técnico y competitivo.
  3.  Reducción en tiempos de respuesta de la Línea 141 del ICBF, de 51 días a 4 días, gracias al fortalecimiento de las Defensorías de Familia Especializadas.
  4.  Aumento del 10% en las adopciones de niñas, niños y adolescentes (NNA), y del 18% en las de NNA con características y necesidades especiales. Ello, acompañado de una disminución en los tiempos del trámite de adopción de 24 a 9 meses, gracias a una nueva plataforma de adopciones en línea (ADA), disponible desde diciembre de 2019.
  5.  Puesta en marcha del programa de acompañamiento familiar ‘Mi Familia’ que aborda tres potenciales causas de violencia contra la niñez: prácticas deficientes de crianza, problemas de salud mental y desconocimiento de rutas de acceso a la oferta social del Estado.
  6.  Descongestión del 86% de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), que permitió definir la situación jurídica de 43.000 niñas, niños y adolescentes en tiempo récord.
  7.  Liderar la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, que incluye formulación de política pública (que ya sentó la bases para un documento CONPES) y movilización social (con el lanzamiento de campaña Todo lo que Hacemos les Queda).
  8.  Conformación del Grupo Intersectorial Especializado entre Fiscalía, Policía, Sector Justicia, Medicina Legal e ICBF para dar respuesta unificada y para la recolección de pruebas oportunas y de calidad con el fin de reducir la impunidad en los casos de violencia sexual contra menores de edad.
  9. Formulación del Proyecto de Ley para la prohibición del castigo físico y humillante, junto con la sociedad civil organizada y la academia, que avanza en su trámite en el Congreso.
  10.  Puesta en marcha del Registro de Inhabilidades para personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, en conjunto con la Policía.