La petición hace parte del seguimiento a las medidas cautelares que decretó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en 2020 para garantizar la vida y seguridad de los exFarc y el derecho de las víctimas a la verdad.

Ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias.

Con esa decisión se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por crímenes que sufrieron en el marco del conflicto armado.

Entre las medidas adoptadas por la JEP, se ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que informen si en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los exintegrantes de las Farc-EP que se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias.

Asimismo, la Sección ordenó al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que informe las actuaciones realizadas para lograr la reconciliación, la convivencia y la prevención de la estigmatización en el país.

En el trámite de medidas cautelares colectivas que buscan proteger a los comparecientes forzosos ante la JEP, a través de los Autos 049 y 050, la JEP vinculó al proceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y le solicitó, al igual que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que informen qué medidas específicas han adoptado para la protección de los derechos de las hijas e hijos y las parejas de quienes han sido asesinados.

Dentro de la violencia sufrida por la población en búsqueda de su reincorporación se han reportado homicidios, estigmatización, extorsiones, persecución en motocicletas, atentados contra la vida y su integridad, amenazas constantes contra su vida y sus bienes, amenazas que buscan el desplazamiento de la población exFarc, entre otras conductas.

Finalmente, la Sección se mostró preocupada por la gran cantidad de familias de excombatientes que han tenido que abandonar los Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) por la violencia, quedando expuestos a una situación muy grave de vulnerabilidad que afecta su dignidad humana, por lo cual exigió una protección especial de sus derechos a la vida, la libertad, la salud, la integridad, la seguridad personal, la educación, la vivienda digna y el acceso a proyectos productivos que permitan que tengan un ingreso para su subsistencia.