La Sección de Ausencia de Reconocimiento decretó medidas cautelares para proteger los cuerpos no identificados e identificados no reclamados que hay en el cementerio Las Mercedes del municipio de Antioquia.

Las exequias de personas fallecidas por cualquier causa (naturales, COVID -19 o violentas, entre otras) no se deben realizar en tierra, sino únicamente en bóvedas o cementerios alternos.

La A partir del 5 de agosto, los entierros por cualquier causa en Dabeiba (naturales, COVID -19 y violencia, entre otras) quedaron prohibidos. Esa fue la decisión que tomó la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), al decretar medida cautelar para proteger los cuerpos inhumados en condición de no identificación que se encuentran ubicados en el cementerio Las Mercedes de este municipio de Antioquia.

Durante seis meses, prorrogables, las autoridades locales deben garantizar que en el cementerio solo se lleven a cabo exequias en bóvedas o cementerios alternos, tal como lo indica el Auto AI-009 de 2020. En él, además, se ordena a la Gobernación de Antioquia “cumplir con los deberes constitucionales y legales que le asisten con el municipio para afrontar de manera real y concreta la emergencia causada por la pandemia”, en particular, las necesidades que tienen para el manejo de los cuerpos de las personas que lleguen a fallecer.

A pesar de que no existe información que permita determinar que en las bóvedas de este cementerio existen cuerpos sin identificar, sí hay elementos que indican que en la tierra hay restos que no se han exhumado y podrían estar asociados a víctimas del conflicto. Bajo ese contexto la Sección le ordenó a la Alcaldía y la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes solo realizar exequias que cumplan con las condiciones pautadas.

Uno de los argumentos que tuvo en cuenta la Sección Ausencia de Reconocimiento de la JEP para tomar la decisión está asociado a los hallazgos del 2019 y 2020 en el marco del caso 03 de “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado”.

Durante dos jornadas de inspección y exhumación, realizadas en el cementerio Las Mercedes, se recuperaron un total de 54 cuerpos relacionados con “falsos positivos”. Uno de ellos, identificado como un joven reportado como víctima del conflicto armado y, en otro caso, por ejemplo, los cuerpos de una familia que vestían prendas militares.

“Los medios de conocimiento recaudados por la jurisdicción fundamentan la necesidad de adoptar medidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de los puntos de intervención, hallazgos y posteriores actividades, corresponden a lugares que, a simple vista, no cuentan con demarcación o señalización de inhumaciones, y con ello, podrían dar lugar a la realización de enterramientos y disposición de cadáveres debido a la infección por el coronavirus, con las consecuencias que puede traer para los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de personas en condición de no identificación ubicados en ese territorio”, sostiene el auto.

Para efectos de este caso, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP encontró que no existe un plan de acción para el manejo de los fallecimientos por coronavirus y el cementerio no cuenta con capacidad para el entierro o ubicación de personas fallecidas por Covid-19.

Sin embargo, llama la atención de los magistrados que ante el riesgo que la pandemia representa y ante la conocida falta de capacidad funeraria (no hay horno crematorio) el municipio no informe sobre cuál ha sido su gestión ante organismos superiores que le permitan afrontar las deficiencias presupuestales, de infraestructura, de sitios de entierro y demás que se produzcan para el manejo de los cuerpos.

Ante ese escenario, la JEP acató la solicitud que presentó el colectivo Orlando Fals Borda de poner bajo custodia y cuidado el cementerio. Todo con el fin de proteger el proceso de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas en el marco del conflicto.