«Esta crisis ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para llegar a los territorios».  «El covid-19 no puede ser una excusa para que continúe la violencia o para quitarle recursos a la paz».

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, indicó que la defensa de los derechos humanos y de los líderes sociales no puede estar en cuarentena ni en pausa como consecuencia de la cuarentena decretada para prevenir la expansión del covid-19, y que la justicia tiene que actuar con más fuerza para desmantelar a los grupos armados.

Así lo señaló el jefe del Ministerio Público al instalar la Mesa por la Protección a la Vida, realizada virtualmente, en la que se evaluó la situación de riesgo que afrontan los líderes sociales en los territorios, por el confinamiento ordenado para prevenir la expansión del covid-19.

Señaló que el país está enfrentado a una conflictividad nueva, con repercusiones por el aislamiento social y por la ausencia de la fuerza pública en algunos territorios, lo que obliga a tomar acciones para enfrentar la muerte de los líderes sociales. “El covid-19 no puede ser una excusa para que continúe la violencia o para quitarle recursos a la paz”.

Denunció que las cifras de líderes sociales asesinados no dejan de ser alarmantes. Entre enero y marzo ascienden a 84 los casos, 26 de ellos en Cauca y otros 24 corresponden a excombatientes, según cifras de la organización Ideas para la Paz.

Indicó que a menos presencia del Estado en los territorios es mayor la de los grupos armados, con más violaciones a los derechos humanos y atentados contra los líderes sociales, “es lo que dicen los economistas, un juego de suma cero”, indicó Carrillo Flórez.

Al finalizar la audiencia, el procurador general recalcó que falta un compromiso local nivel de prevención, así como también se necesita implementar una estrategia de conectividad que esté a disposición de los líderes sociales, porque la primera herramienta que existe en este momento es tener una línea de comunicación con quien brinda la protección, y eso no se está dando en estos momentos.

“Estamos para defender la vida, honra y dignidad de los colombianos y creemos que en este momento de crisis hay que ser garantes de que esa voz se oiga, que en materia de defensa de derechos y de participación, quien tiene que seguir teniendo el protagonismo en Colombia son los líderes sociales, que todos tenemos la obligación de defender”, puntualizó.

Durante la audiencia la cantante Adriana Lucía interpretó su canción ‘Para hablar de amor’, el himno que les compuso a las víctimas de la violencia, con quienes aseguró sentirse identificada, en gran parte por su origen de mujer de pueblo.

“Este video ha sido hecho con mucho respeto y admiración por cada una de las personas que aquí aparecen y por las que puedan sentirse representas en ellas. Gracias por su valentía, gracias por su voz”.

En la audiencia intervinieron el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; el representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruíz Massiu; el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos –MAPP –OEA-, Roberto Menéndez, el viceministro del Interior y director encargado de la Unidad Nacional de Protección, Daniel Palacios.

También participaron los representantes de organizaciones sociales Leyner Palacios, líder social de Bojayá; Mayerlis Angarita, de la organización Narrar para Vivir; Patricia Riveros, defensora de derechos humanos; Yuri Quintero, de la Red de Derechos Humanos de Putumayo; Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, y Juana Ruíz, de las Tejedoras de Mampuján.

Igualmente, Francia Elena Márquez Mina, de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca; Nelson lemus, de la Asociación de Cabildos Indígenas; Cristóbal Guamanga, de Fensuagro, y Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia.

También estuvieron la alta consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez; el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar Morales; el consejero adjunto para la Estabilización, Carlos Caycedo, y la asesora del despacho de la vicefiscal general de la Nación, Luz Angélica Mariño.

En el cierre intervino el director de USAID Colombia, Larry Sacks.