La Jurisdicción Especial para la Paz, recibió el informe ‘El Silencio de las Gaitas: Papel de la fuerza pública en masacres en Montes de María entre 2000 y 2001.

Este informe, entregado de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), documenta diez masacres que, de acuerdo con Reinaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “dejaron 175 víctimas mortales en los Montes de María, entre el año 2000 y 2001, todas ellas perpetradas por grupos paramilitares con presunta complicidad de agentes de la Infantería de Marina y la Policía Nacional”.

De acuerdo con este informe, las 10 masacres que se están reportando a la JEP y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se presentaron en Ovejas-Canutal, El Salado, Mapuján – Las Brisas – San Cayetano – Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y el Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue.

Para Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, “aunque las masacres analizadas en el informe fueron perpetradas directamente por grupos paramilitares, estas ocurrieron conjuntamente y en complicidad con oficiales de la Brigada Primera de Infantería de Marina, bajo la comandancia del entonces Contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, y agentes de la Policía de los departamentos de Sucre y Bolívar”.

Según Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el informe también analiza el modus operandi o los elementos que tuvieron en común las diez masacres documentadas, “cuyo impacto de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, que describe el informe, se evidencia en la dramática disminución del número de habitantes de la región”.

Por su parte, el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP agradeció el voto de confianza de las víctimas al entregar este informe y aseguró que “la presentación de estos informes por parte de organizaciones de la sociedad civil contribuye al acceso a la justicia y a la participación de las víctimas ante la Jurisdicción”

Con este informe son 281 los informes que recibe la Jurisdicción Especial para la Paz, por parte de organizaciones de víctimas y de Instituciones del Estado.

Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en 16 municipios antioqueños, un trabajo conjunto entre el proyecto hidroeléctrico Ituango, las autoridades locales y comunidades

La Jurisdicción Especial para la Paz, recibió el informe ‘El Silencio de las Gaitas: Papel de la fuerza pública en masacres en Montes de María entre 2000 y 2001’, por parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas.

Este informe, entregado de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), documenta diez masacres que, de acuerdo con Reinaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “dejaron 175 víctimas mortales en los Montes de María, entre el año 2000 y 2001, todas ellas perpetradas por grupos paramilitares con presunta complicidad de agentes de la Infantería de Marina y la Policía Nacional”.

De acuerdo con este informe, las 10 masacres que se están reportando a la JEP y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se presentaron en Ovejas-Canutal, El Salado, Mapuján – Las Brisas – San Cayetano – Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y el Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue.

Para Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, “aunque las masacres analizadas en el informe fueron perpetradas directamente por grupos paramilitares, estas ocurrieron conjuntamente y en complicidad con oficiales de la Brigada Primera de Infantería de Marina, bajo la comandancia del entonces Contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, y agentes de la Policía de los departamentos de Sucre y Bolívar”.

Según Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el informe también analiza el modus operandi o los elementos que tuvieron en común las diez masacres documentadas, “cuyo impacto de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, que describe el informe, se evidencia en la dramática disminución del número de habitantes de la región”.

Por su parte, el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP agradeció el voto de confianza de las víctimas al entregar este informe y aseguró que “la presentación de estos informes por parte de organizaciones de la sociedad civil contribuye al acceso a la justicia y a la participación de las víctimas ante la Jurisdicción”

Con este informe son 281 los informes que recibe la Jurisdicción Especial para la Paz, por parte de organizaciones de víctimas y de Instituciones del Estado. ​

Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en 16 municipios antioqueños, un trabajo conjunto entre el proyecto hidroeléctrico Ituango, las autoridades locales y comunidades