Implementar un sistema integral de verdad, justicia y búsqueda de personas dadas por desaparecidas, son algunas de las experiencias del mundo que se incluyeron en el Acuerdo de Paz colombiano.

El magistrado Danilo Rojas, parte de la Sección de Apelaciones de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), explica que “las lecciones aprendidas de otros escenarios permiten saber qué puede replicarse en el modelo colombiano y qué se debe evitar. Experiencias como la de Sierra Leona o Perú contaron con comisiones de verdad pero mostraron falencias en los resultados, así que desde La Habana se sabía que se debía materializar un ejercicio de verdad, justicia de graves crímenes y una unidad de búsqueda, y todo parece indicar que debería funcionar mejor que el ejercicio por separado de las distintas visiones”.

Uno de los puntos que recalca el magistrado Rojas es que en las experiencias donde solo hubo comisiones de verdad estas no tuvieron suficientes impactos institucionales, por lo que en Colombia se espera que el informe de la Comisión de la Verdad, mezclado con las sanciones de la JEP y los hallazgos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cambien el panorama estatal.

Sobre este tema, Mô Bleeker, jefe del equipo de Tareas sobre Tratamiento del Pasado y Prevención de Atrocidades de la Confederación Suiza, manifiesta que el intento de La Habana por incluir las lecciones aprendidas de los procesos donde no hubo un sistema integral es una gran esperanza en el mundo de los trabajadores de la justicia transicional.

“El conflicto ha dejado huellas que necesita un esfuerzo extraordinario desde quienes cometieron atrocidades, las institucionales, las sanciones, las acciones reparadoras y las reformas institucionales […] Ese es el conjunto de elementos que un proceso de justicia transicional puede proveerle a una sociedad, la complementariedad para intentar la satisfacción de las víctimas”. Sin embargo, la funcionaria subraya que también se debe cambiar el discurso cultural que promueve la violencia y que la sociedad se apropie de la idea de que esa situación ya no es aceptable.

Para Alexandra Valencia, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá en la Sala de Justicia y Paz, “uno de los retos es que la justicia transicional parece estar en cuenta regresiva desde el primer día. Gracias a ejemplos como los de El Salvador y Sudáfrica se sabe que los procesos de implementación de las justicias transicionales toman tiempo, y se van implementado a sí mismos según el descubrimiento de los sucesos que provocaron la guerra, por lo que el tiempo se debe ver de forma distinta”, enfatiza.

Los aportes de la JEP

En el encuentro “Lecciones internacionales de justicia transicional para Colombia”, organizado por el programa La Paz En Foco, del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el magistrado Rojas destaca que lo más importante de la JEP deberían ser las sanciones propias, ya que estas constituyen un aporte a una nueva política criminal en Colombia y dan pie para una transformación en la cultura de las sanciones en general.

Así mismo, que dichas sanciones afectan las políticas públicas en la medida en que apuntan a transformaciones sociales y económicas de las regiones. “Aunque los condenados por la JEP tienen restricciones no intramurales, para lograr una reparación efectiva deben colaborar en los escenarios donde ocurrió la tragedia y con una gran participación de las comunidades víctimas”, agrega.

Para la antropóloga Bleeker, “reconocer lo que pasó en todas sus dimensiones es imprescindible para tener una sociedad que sale de una dictadura, un régimen autoritario o un conflicto violento, por lo que el Sistema de la JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD tiene como función reparar, transformar y castigar las políticas y los cuadros legales, las instituciones que fallaron en su responsabilidad de proteger y evitar estas situaciones: eso es una virtud de los procesos de justicia transicional en lo que Colombia llama ‘garantías de no repetición’, y que yo llamaría ‘prevención de futuras violencias’ y aumentar el sentido de dignidad y reconocimiento a las víctimas”.

Por último, la magistrada Valencia recalca que se debe pasar de un espacio público en el que se construyó un enemigo, a uno que permita la diversidad y la inclusión de más mujeres, pues este proceso también requiere de voluntad política, de prevención, y transitar de un Estado que permitió la violación o no protegió a su población, a uno protector, y esa es la apuesta final de los procesos transicionales que le apuntan a la construcción de paz.