La reforma política que impulsa el Gobierno avanza para cambiar las reglas de juego de la política. Pero el corazón de la reforma, las listas cerradas han encontrado una férrea oposición y no de parte de sus históricos contradictores, los partidos tradicionales. Voces alternativas, y particularmente los congresistas influenciadores, son las que quieren hundirla y  están promoviendo la indignación en redes sociales.

Una muestra es la campaña del senador verde Jonathan Ferney Pulido más conocido como Jota Pe. Quien fue elegido por una lista abierta con una votación sorpresa gracias a su activismo digital, está presentando en sus redes las listas cerradas como sinónimo de “una mafia y un negocio para favorecer a caciques regionales”.

El video donde planteó su queja tiene más de 2 millones de reproducciones entre las plataformas de Facebook y YouTube, más que todas las sesiones de este año del Congreso transmitidas en esa plataforma.

Fabián Díaz, quien paso de activista en redes a representante a la cámara y de ahí a senador, también por una lista abierta, coincide con Hernández. Define las listas cerradas como un “atentado a la democracia”. Y, además de videos virales ratificando su oposición, ha usado sus redes para señalar con fotos y nombres a los congresistas que han ido aprobando la idea de las listas cerradas.

Aún con esos reparos que han trascendido las puertas del Capitolio Nacional, la reforma política que quiere el Gobierno va sí o sí por las listas cerradas, paritarias y bloqueadas como las que provocaron el éxito del Pacto Histórico en las elecciones legislativas de este año. “Sin listas cerradas no habría reforma política”, dice el senador Roy Barreras.

Es una propuesta que organizaciones como la Misión de Observación Electoral MOE, e instancias consultoras internacionales como la Misión Especial Electoral – MEE- llevan años recomendando para atacar prácticas como el clientelismo, los partidos de garaje o la financiación irregular de las campañas. Y, en su defecto, abaratar las campañas, fomentar la identidad de los partidos políticos y la paridad de género en los espacios de representación política.

“Un candidato, en el sistema actual, queda comprometido a proveer un retorno a la inversión que sus financiadores han hecho a su campaña, ya sea mediante la promoción de políticas públicas que favorezcan los intereses de dichos financiadores – en detrimento del interés general -, o por adjudicación de forma ilegal de contratos, licencias u otras prebendas”, dice el informe de la MEE.

La introducción de las listas cerradas y paritarias propuestas van de la mano de dos reformas más que impulsa el gobierno. Por un lado, que los partidos deben establecer unos mecanismos internos para elaborar esas listas como consultas internas, por ejemplo. Y por el otro, que el Estado financie en su totalidad las campañas.

Para montar en el bus de la reforma a los congresistas de los partidos tradicionales, que en la mayoría de casos tienen microempresas electorales y que en 16 intentos anteriores de reforma hundieron ese punto, el Gobierno ha tenido que poner caramelos en el camino.

Pero con los congresistas influenciadores no han podido hasta ahora y eso anticipa más discusiones mediáticas en lo que resta del trámite y en el corazón de la coalición del gobierno.