En la emergencia sanitaria, mediante tutelas instauradas por la Procuraduría,  detenidos de 15 ciudades fueron reubicados y recibieron atención médica para prevenir contagio del Covid-19.

 

Al fallar una acción de tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena ordenó a la alcaldía, la Gobernación de Bolívar y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec- suministrar insumos de bioseguridad, como guantes, tapabocas y alcohol glicerinado a las personas privadas de la libertad –PPL- en la cárcel de la ciudad, para evitar el contagio y propagación del covid -19.

El juez acogió la solicitud del Ministerio Público y amparó los derechos a la salud y la vida de las PPL, así como de los miembros del cuerpo de custodia y el personal administrativo del penal, y pidió que se diseñe una estrategia que garantice la presencia de profesionales de la salud las 24 horas del día.

Igualmente, ordenó que se disponga lo necesario para que exista el distanciamiento necesario, se efectúen jornadas sanitarias y se agilice el proceso de toma de pruebas para covid-19 entre la población del establecimiento carcelario.

Tutelas instauradas por la Procuraduría

Por tutelas radicadas por la Procuraduría General de la Nación durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, jueces del país ordenaron la reubicación y protección sanitaria de 600 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y de reclusión transitorios de 15 ciudades, con el propósito de mitigar el riesgo de contagio del covid-19.

El Ministerio Público ha radicado un total de 19 tutelas para proteger los derechos a la dignidad humana, a la salud y la vida de esa población, 12 de la cuales ya fueron falladas concediendo las pretensiones de la Procuraduría, mientras las restantes se encuentran en trámite ante los jueces respectivos.

Los fallos fueron producidos por jueces de Ibagué, Santa Marta, Líbano (Tolima), Tumaco (Nariño), Villavicencio (dos fallos), Popayán, Leticia, Pitalito (Huila), Sincelejo y Cartagena (dos fallos). En trámite se encuentran tutelas radicadas en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Cartagena, Yopal, Barranquilla, Ibagué y Magangué (Bolívar).

Fallos concedidos

Entre las órdenes de tutela están la del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio sobre el traslado de la cárcel de la ciudad de 128 PPL, algunos mayores de 60 años y otros con enfermedades de base como hipertensión, diabetes, cáncer, insuficiencia renal, asma y tuberculosis, como medida de protección ante el incremento de casos positivos en ese penal.

En Popayán, fue ordenada la práctica de pruebas de covid-19 a 40 PPL y al personal de custodia de las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata –URI- de la Fiscalía, para conocer su estado de salud ante la aparición de un caso positivo del virus en ese centro de reclusión transitorio.

En Ibagué, el Juez Primero Civil del Circuito pidió que se brindaran medicamentos y atención en salud a 178 personas, quienes permanecen en el centro transitorio de reclusión Central Permanente, adscrito al Comando de Policía de la ciudad.

Por su parte, el Juez Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta requirió a las autoridades municipales y departamentales la reubicación de 118 PPL, quienes se encuentran en cinco centros de detención transitorios, a sitios que ofrezcan condiciones sanitarias que mitiguen el riesgo de contagio.

Otras dos tutelas radicadas por el Ministerio Público ante jueces de Líbano (Tolima) y Tumaco (Nariño) permitieron que se ordenara la atención sanitaria y alimentaria a las PPL de los centros de reclusión transitoria de los dos municipios, lugares que registran altos niveles de hacinamiento.

Las tutelas instauradas permitieron, además, que los jueces ordenaran la presencia de personal médico y de enfermería en los penales y centros de reclusión transitorios para la atención tanto de las PPL como del personal de custodia, así como el suministro de elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes, jabón, alcohol o equivalentes, para minimizar el riesgo de contagio de covid-19.

En el caso de Bogotá, la tutela radicada busca la descongestión de la URI y la estación de Policía de Puente Aranda. El Gobierno nacional y la alcaldía acogieron la propuesta del órgano de control para trabajar en un decreto legislativo, que permita aplicar medidas urgentes para afrontar la crisis por el hacinamiento de personas privadas de la libertad en las estaciones de Policía y en las URI de la ciudad.