Un juez ordenó al municipio y a la Cárder hacer los estudios pertinentes, dada la afectación a los estudiantes de tres colegios.

El Juzgado Quinto Administrativo de Pereira , que acogió un concepto de la Procuraduría, declaró vulnerados los derechos a un ambiente sano y la salubridad pública de los estudiantes, en respuesta a la acción popular presentada por el Ministerio Público.

“Los silos ubicados en la zona de uso común así como en el área urbana del municipio vulnera el Esquema de Ordenamiento Territorial de La Celia en tanto que la actividad de dichos silos consiste en deshidratar la semilla de café a través de un proceso de combustión, por lo que se trata de un proceso de transformación de materia prima que genera emisiones de dióxido de carbono que son expulsados al aire, de lo cual se puede afirmar que en todo caso genera impacto ambiental”, advirtió el juzgado.

En la decisión se ordenó a la Cárder y al municipio de La Celia que en un término de seis meses realicen los estudios técnicos necesarios para establecer una zona industrial (no urbana) o un lugar específico adecuado a las normas del ordenamiento territorial para que los silos de café puedan ser reubicados.

Pidió adoptar las medidas administrativas necesarias incluso la modificación del EOT, si llegara a ser necesario.

Solicitó a la Carder brindar al municipio de La Celia asesoría y apoyo técnico con el fin de establecer si las emisiones de los silos de secado de café son contaminantes, tarea en la que también deberá participar el departamento de Risaralda.

Así mismo, ordenó al municipio que en coordinación con la Carder proceda a realizar visita a cada uno de los silos a efectos de que los propietarios adopten las medidas y correctivos necesarios para minimizar el impacto ambiental que están generando en los habitantes, en especial en la comunidad estudiantil.

Dispuso la confirmación de un comité de verificación que deberá estar integrado por la Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira, el alcalde de La Celia, el gobernador de Risaralda y el director de la Carder o un representante de cada una de las entidades, el personero municipal y un delegado de los silos del municipio, quienes deberán rendir un informe conjunto y detallado sobre el cumplimiento de las ordenes impartidas en la sentencia.