Los implicados son cinco miembros del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional. Para la Procuraduría habría una falta gravísima, a título de dolo.

El ente de control busca determinar la presunta responsabilidad del entonces comandante de la Segunda Sección de la Compañía Alabarda Cuatro, del Batallón de Combate Terrestre No.11, cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, como presunto autor material del homicidio de Torres Arévalo, desmovilizado de las FARC, en hechos ocurridos el 22 de abril de 2019, en la vereda Carrizal, del municipio de Concepción, Norte de Santander, en la vía que conduce de Miraflores a Campo Alegre.

Tras la firma del acuerdo de paz Torres Arévalo se dedicaba a actividades agrícolas y ostentaba la calidad de persona protegida, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

El ente de control también busca establecer si quien se desempeñaba como comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No.11, teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, habría participado como determinador en el homicidio del ciudadano.

Así mismo, la posible complicidad de los soldados profesionales adscritos a la Compañía Alabarda Cuatro del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 de la sección Dos, Cristian David Casilimas Pulido, y de la sección Uno, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte.

El Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta conducta de los miembros de la Fuerza Pública como falta gravísima, a título de dolo, por la posible responsabilidad en el “homicidio en persona protegida”, y posible infracción al Derecho Internacional Humanitario ajena al servicio y misión constitucional del Ejército Nacional.