El Consejo de Estado le ordenó pagarle 395 millones a un hombre y a su familia, por haberlo acusado injustamente de promover un paro armado a nombre de la guerrilla de las Farc.

El demandante fue capturado el 2 de octubre del 2007, luego de que informes de inteligencia recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) incluyeran declaraciones de dos personas que lo señalaban de hostigar a la población de la vereda El Mesón, jurisdicción de Icononzo (Tolima), para que participara en un paro armado que supuestamente adelantarían las FARC en el Boquerón en enero del 2002; de no apoyar la ofensiva, debían pagar 50.000 pesos a los insurgentes o abandonar la región.

Luego de ser acusado de los delitos de extorsión y rebelión, el accionante recuperó su libertad, gracias a que el Juzgado 1º Penal de Ibagué lo declaró inocente de los cargos el 3 de septiembre del 2008. Para este operador judicial, las acusaciones se basaban en indicios poco sólidos sobre la pertenencia o afinidad del procesado para con el grupo insurgente.

Tras el giro que tomó el caso, este ciudadano interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Tolima, con la intención de que la Fiscalía resarciera el daño causado con ocasión de su detención. Dado que dicho Tribunal consideró que la medida privativa de la libertad se justificaba y negó las pretensiones de la demanda, el afectado interpuso el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

La alta corte revocó esa determinación y declaró al organismo de investigación responsable del daño por haber mantenido privado de su libertad a este ciudadano, basado en indicios que no eran contundentes sobre la participación del detenido en las conductas delictivas que se estaban investigando.