Demasiadas entrevistas, falta de acompañamiento, y un largo tiempo a la espera de sentencias, son algunas de las falencias del proceso penal para delitos de acto sexual y acceso carnal violento.

En la práctica de estos procesos se reúnen diferentes intereses y se exponen estrategias revictimizantes, como desestimar las declaraciones de los niños juzgando sus cualidades humanas y su personalidad. También se lesiona su desarrollo, lo cual puede llegar a generar sensación de impunidad.

Aunque entre el 2007 y el 2016 se presentaron ante la justicia 130.543 procesos de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual en menores de 14 años, las sentencias se dieron sólo en el 10 % de los casos, es decir en 13.048, de los cuales sólo el 2,9 % fueron condenados en juicio oral, mientras que los demás se dieron por aceptación de cargos, preacuerdos y sentencias anticipadas.

Uno de los problemas al buscar la protección de los niños y adolescentes es que el proceso penal en su génesis no busca protegerlos, sino determinar que una persona es responsable del delito e imponer una sanción, más que buscar la reivindicación de los derechos de los menores.

Por eso se deben generar políticas de prevención, ya que en los últimos años el enfoque ha sido aumentar las penas, pero como hay falencias, el aumento de castigos no incide en el procesamiento del delito.

Así lo establece la investigación de Julie Marcela Daza Rojas, doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien señala que “con la guía de profesores comenzamos a ver que el problema no se podía dimensionar solo estudiando la teoría, sino que si hablamos de restablecimiento de derechos en el proceso debíamos analizarlo como una unidad y ver qué factores están incidiendo, primero, para que se logre un castigo a los responsables, y segundo, para ver si es factible establecer unos principios orientadores para proteger a los niños”.

La doctora Daza observó distintas audiencias en las cuales apreció en la práctica cómo se discutían los derechos de los niños y verificar si se daba o no un restablecimiento de esos derechos. También conversó con jueces, funcionarios, abogados litigantes, peritos y personas procesadas.

“Desde el punto de vista institucional falta fortalecer la administración de justicia, es decir que hay muy pocos juzgados para procesar estos delitos, se necesita más planta de personal, de fiscales, defensores y peritos expertos. Otro asunto es que se necesita mayor y mejor formación para manejar en este tipo de delitos sexuales, pues no es lo mismo que una investigación en un delito por hurto u homicidio”, agrega la investigadora

Sensación de impunidad

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2019 se realizaron 22.613 exámenes médicos legales por presunto delito sexual a personas menores de 18 años.

Al respecto, la investigadora señala que “resulta muy difícil tener un estimado certero de cuántas personas se abstienen de denunciar, pues el hecho de que se realicen los exámenes sexológicos no garantiza que el resultado sea tan contundente como para abrir un proceso o denuncia penal”.

La falta de diligenciamiento de los procesos también se ve agravada por la falsa creencia de que todo delito sexual deja huella, por lo que si en el examen sexológico no se ve como evidencia, ya sea una fisura del himen o del ano, la justicia no considera que existe un delito.

Proceso penal adaptado a la niñez

En su tesis, la doctora Daza propone una justicia procesal penal adaptada a la niñez, es decir que desde el primer momento en que ocurre el delito se le brinde a la víctima toda la información sobre el proceso, adaptada a su edad y a sus necesidades, que no se anule a la víctima ni a sus representantes legales, sino que sean reconocidos como protagonistas del proceso.

También recomienda frenar o limitar el número de entrevistas, declaraciones o exámenes a la víctima y optar por una buena entrevista amplia y libre que no someta a los menores a interrogatorios constantes.

Otra de sus propuestas es que la víctima pueda comparecer ante el proceso cuando así lo quiera, que exista un acompañamiento para sus familias y que el procesado que se declare culpable también tenga acompañamiento terapéutico, para abordar el impacto del delito que comete, no solo en su vida, sino en su entorno.