La jefe del Ministerio Público Margarita Cabello  dijo que en lo disciplinario actualmente se adelantan las investigaciones disciplinarias por presuntos incumplimientos de los gobernadores y alcaldes en los compromisos con el Plan de Alimentación Educativo.

Como resultado de esta gestión y ante las suspensiones de entrega de las raciones alimentarias, explicó que se presentaron acciones de tutela contra las administraciones departamentales del Cesar, Magdalena, Quindío y Nariño, a fin de velar por los derechos fundamentales a la alimentación equilibrada, la salud y la educación de los estudiantes beneficiarios que se vieron afectados”.

Vigilamos la entrega de las raciones alimentarias en todo el territorio nacional, que nos permite identificar las presuntas irregularidades relacionadas con la calidad, la cobertura y la prestación oportuna del programa, dijo.

De manera complementaria, El Ministerio Publico ha insistido en la importancia de financiar suficientemente el PAE para garantizar la alimentación durante todo el calendario escolar. Por este motivo solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público priorizar la cofinanciación del programa para la vigencia 2022.

Igualmente, anunció que “se requirió a las Entidades Territoriales Certificadas para que adelanten de manera de oportuna y diligente las acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación escolar el año próximo, desde el inicio del calendario escolar y sin interrupciones”.

Cabello Blanco recalcó que “la Procuraduría General de la Nación velará porque el acceso al derecho a la educación vuelva a ser una realidad para los cerca de 2 millones de niños y niñas que este año no pudieron retornar a la presencialidad”.

También resaltó que “con la llegada de la pandemia, los responsables de políticas educativas y la sociedad en su conjunto vieron profundamente limitada su capacidad de actuar”, recordando que el Dane dio a conocer los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que evalúa las condiciones de la niñez y la juventud.

El indicador de inasistencia escolar para el año 2020 demostró “un incremento de 13,7 puntos porcentuales (a nivel nacional), pasando de 2,7% en 2019 a 16,4% en 2020”.

Por ello, la Procuraduría reconoció la importancia de promover el retorno presencial a clases progresivo y seguro, acompañado del mejoramiento de la conectividad y por su puesto en condiciones alimentarias dignas.

La Procuradora explicó que “con fundamento en nuestra misión de vigilancia preventiva de la función de los servidores públicos, orientamos nuestros esfuerzos con este enfoque anticipativo en torno a dos líneas fundamentales definidas:

  1. Requerir e insistir ante las autoridades y servidores públicos para que implementen acciones que permitan garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes.
  2. Acompañamiento preventivo en las regiones. La verificación en sitio nos permite identificar de primera mano las debilidades y falencias de nuestro sistema educativo de acuerdo con las particularidades propias de las regiones”.