El Procurador General, Fernando Carrillo, busca frenar la tenencia en cautiverio, el comercio y consumo de animales silvestres. Además de controlar riesgos en la salud humana y proteger la biodiversidad.

Instó a las autoridades ambientales a disponer los presupuestos para la construcción inmediata de los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), y reiteró la obligatoriedad de rescatar y reubicar las especies que aún permanecen en manos de particulares.

A través de la Directiva 014 de 2020, el jefe del Ministerio Público llamó a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Interior, Transporte, Salud y Protección Social, Comercio Industria y Turismo y sus entidades adscritas y vinculadas; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), las corporaciones autónomas regionales y para el desarrollo sostenible, los establecimientos públicos ambientales, las autoridades ambientales de grandes centros urbanos, a Aeronáutica Civil, las capitanías de puerto, las fuerzas militares y de policía, los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, a realizar un trabajo articulado que permita la protección de la fauna silvestre en el país, manteniéndola en su hábitat natural.

Carrillo Flórez respaldó las propuestas impulsadas por organizaciones como Global Wildlife Conservation (GWC) y Wildlife Conservation Society “para prevenir futuros brotes virales mayores como el Covid-19, que impactan globalmente a la salud y al bienestar de las personas, a la economía y a la seguridad, WCS recomienda detener todo el comercio de vida silvestre para consumo humano (particularmente de aves y mamíferos) y cerrar todos esos mercados”.

Instó a las autoridades ambientales a disponer los presupuestos para la construcción inmediata de los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), y reiteró la obligatoriedad de rescatar y reubicar las especies que aún permanecen en manos de particulares.

El jefe del órgano de control demandó el cumplimiento de los protocolos de manejo de fauna silvestre por parte de universidades, zoológicos, museos, zoocriaderos, y prohibir “bajo toda circunstancia el ingreso de personas ajenas a las autoridades ambientales, a los centros de manejo de fauna silvestre y la el encierro en un mismo espacio (CAV u hogar de paso), de especímenes de fauna silvestre nativa, exótica y doméstica”.

Pidió establecer, mejorar y monitorear el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el personal que atiende fauna silvestre en las corporaciones autónomas regionales o en los encierros dispuestos por zoológicos, zoocriaderos, entre otros, mediante el cumplimiento estricto de medidas de control sanitario, zoonótico y esquemas de vacunación.

El Procurador General instó al Ministerio de Ambiente a establecer políticas claras en cuanto a manejo, administración y funcionamiento de zoológicos, zoocriaderos y otras figuras establecidas donde se autoriza tenencia legal de fauna silvestre nativa o exótica, en especial sobre garantías de salud para el personal, pólizas que garanticen el funcionamiento, alimentación, salud y salubridad de los especímenes de fauna que albergan.