El delegado para asuntos ambientales de la Procuraduría General de la Nación, Gustavo Guerrero Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá son los municipios que están en alerta máxima, pues el uso de mercurio genera problemas ambientales, sociales y de salud de las comunidades que resultan afectados por la contaminación de cuerpos de agua.

Según el funcionario el aumento en la contaminación, es causado porque el Estado ha dejado de implementar acciones contra la minería ilegal.

Aseguro que la Procuraduría ha evidenciado con suma preocupación la inacción del Estado frente a la contaminación por mercurio de diversas fuentes hídricas como resultado de actividades mineras ilegales. No solamente en el caso del río Suratá y de las fuentes hídricas del departamento de Santander, sino también en el caso del río Atrato.

Además alertó por el aumento de las zonas deforestadas en el bajo Cauca antioqueño “en el que incluso el área deforestada se ha incrementado por cuenta del cese en los operativos de destrucción y decomiso de maquinaria amarilla que se utiliza para la realización de actividades mineras y también en otras zonas del país”.

Dijo que este es un llamado reiterado por parte de la oficina delegada para asuntos ambientales, pues desde mediados del 2022, ha pedido que las autoridades regionales y nacionales hagan presencia y atiendan las necesidades de las comunidades, recalcando que la contaminación podría afectar las salud de las poblaciones cercanas.

La Procuraduría citó a las autoridades ambientales a una mesa técnica el 26 de enero de 2023, en la que se discutirán las estrategias que serán implementadas para atender las emergencias ambientales que genera la contaminación por mercurio.