El ente de control suspendió por tres meses a Enrique Antonio Vásquez Zuleta, alcalde de la capital risaraldense entre el 2012 y el  2015.

Se le endilgaron irregularidades en el proceso de licitación para adjudicar la construcción y adecuación de la intersección vial denominada UTP – CANAAN.

Por los mismos hechos fue sancionado con suspensión del cargo por un mes el exsecretario Jurídico de Pereira, Emilio Antonio Grajales Ríos (2012 – 2015).

El Ministerio Público estableció que los exfuncionarios modificaron el pliego de condiciones de manera extemporánea para adoptar un procedimiento adicional antes de la audiencia de adjudicación, con el fin de permitir que los proponentes adecuaran sus ofertas económicas.

Los disciplinados argumentaron que ese cambio se requería porque existía un error de transcripción en los formatos de presupuesto del pliego de condiciones, y para corregirlo era necesario adoptar un procedimiento previo a la audiencia de adjudicación.

En la investigación disciplinaria, la Procuraduría estableció que el error de transcripción sí existió, pero fue corregido en el trámite de la licitación, razón por la cual era innecesaria la modificación realizada.

A juicio de la Procuraduría, los funcionarios vulneraron los principios de economía y transparencia de la administración pública, por lo que calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa grave.

El fallo de primera instancia puede ser apelado por los disciplinados.

Teniendo en cuenta que Vásquez Zuleta y Grajales Ríos ya no son servidores públicos, la sanción se convirtió en salarios, de acuerdo con el monto devengado al momento de cometerse la falta.