La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y su equipo de defensa de Derechos Humanos se reunió con líderes y lideresas sociales de 10 municipios que comprenden la región sur del departamento de Nariño para conocer las amenazas que enfrentan, de los grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio y el tráfico de drogas.

“Hoy está aquí la Procuraduría General de la Nación para escuchar de primera mano las problemáticas tan complejas a las que se enfrentan las comunidades del Pacífico Nariñense, las cuales no son ajenas a esta entidad”, aseguró la Procuradora.

En Tumaco, en la apertura del Espacio Regional Para la Promoción de los Derechos de Líderes y Lideresas Sociales capítulo Tumaco, la jefe del Ministerio Público hizo énfasis en la grave situación de reclutamiento forzado que viven los niños, niñas y adolescentes en este municipio, que según el más reciente informe de la MAPP OEA, presenta el mayor número de casos registrados en el país.

La problemática es tal, que los jóvenes deben salir a altas horas de la noche y cruzar montañas para escapar del reclutamiento forzado, e incluso se han visto casos de quienes se han quitado la vida ante el acoso para pertenecer a estos grupos, relató la Procuradora al citar apartes del informe.

Recalcó el compromiso del Ministerio Público en la gestión integral para que las medidas de protección se tomen y recordó que durante el último año se han llevado a cabo al menos 200 intervenciones ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), y otras 34 frente a diferentes autoridades para que se evalúen los casos de líderes sociales que se presentan al Programa Nacional de Protección.

Cabello Blanco hizo un llamado vehemente a los gobernantes y a la Fuerza Pública, para cumplir con las disposiciones legales encaminadas a la protección de los líderes y sus comunidades.

La protección de lideresas, y líderes sociales debe ser un imperativo. Las Rutas de Prevención y Protección territoriales no solo deben existir, sino que deben funcionar, los servidores públicos estamos en la obligación de cumplir con lo dispuesto en la Ley. De no hacerlo, podrían incurrir en una falta disciplinaria, concluyó la Procuradora.