El pacto fue firmado por el procurador,  Fernando Carrillo Flórez, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera Amad.

Las entidades reiteraron su compromiso con los derechos, principios y deberes constitucionales que protegen la libertad de prensa y el fortalecimiento de los medios, especialmente en lo local y regional, y mostraron su rechazo a las estrategias encaminadas a denegar o dilatar el acceso a la información pública o la imposición de censuras.

«La censura acarrea un alto costo para la sociedad y la democracia y debe ser considerada intolerable en un Estado de derecho. La reserva de la fuente está protegida por la Constitución Política y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Para las entidades firmantes la libertad de prensa fortalece la democracia y hace frente al abuso del poder, la falta de transparencia y la opacidad en el servicio. Igualmente, contribuye a la construcción de una sociedad fuerte, vigilante y empoderada en la prevalencia de la ética y la defensa de lo público, así como a la consolidación de una opinión informada que persevere en la soberanía popular.

Así mismo, expresaron que, en la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa se debe imponer sobre la mordaza a la libre expresión, con un sistema que responsa al clamor de justicia, que investigue y sancione a quienes acuden a la violencia para silenciar las voces del periodismo y ponga fin a años de impunidad.

En su intervención en la “Mesa por el Fortalecimiento de los Medios de Información en Colombia”, el procurador general aseguró que en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta pacífica, se deben definir protocolos para la defensa de la libertad de prensa.

Así mismo, enfatizó en que “debilitar los medios de comunicación es debilitar el Estado de derecho. Guste o no son un mecanismo indiscutible de control democrático que fomenta el pluralismo y genera debate”, e hizo un llamado a un trabajo conjunto para establecer mecanismos que permitan garantizar la libertad de prensa y de deliberación.

Agregó que cualquier estrategia pública encaminada a denegar o dilatar el acceso a la información pública tiene que ser combatida con las herramientas de la democracia. “No hay mejor aliado para el Estado de derecho que la libertad de prensa”, puntualizó.