El proyecto de Ley 010, del Ministerio de Salud que plantea una reforma a este sistema, “profundiza un modelo que no garantiza el derecho a la salud”.

Así lo plantea Mario Hernández, coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), para quien “la pandemia mostró inequidades acumuladas de clase, etnia, género y territoriales, además de una gran concentración en la atención individual sobre la prevención. En ese sentido, proponer que el Estado se dedique a regular puede ser dañino”.

El docente intervino durante el debate académico organizado por la UNAL, la Universidad de Antioquia y la del Valle para analizar la iniciativa legislativa, que ha sido secundada por más de 90 congresistas.

Según explicó, el proyecto plantea que las entidades promotoras de salud (EPS) se transformen en Aseguradoras de Salud (AS). Actualmente las EPS reciben un dinero al año por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo que se conoce como UPC, o unidad de pago por capitación.

Al respecto, advierte que más del 92 % de los recursos se deben destinar a servicios de salud, por lo que volverlos una prima de aseguramiento, por medio de una AS, es inconstitucional e iría en contra de la Ley 1751 de 2015, o Ley Estatutaria en Salud.

Sobre ese tema, Luis Jorge Hernández, coordinador del Área de Salud Pública de la Universidad de los Andes, subraya que “las AS recibirían una prima, como una aseguradora de un carro o de una vivienda, es decir, que asumirían un papel más profundo y se eliminaría la contención del Estado frente al mal uso de los recursos”.

Sistema viejo

Marcela Vélez, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, considera que el sistema no es joven o que haya que hacerle modificaciones pequeñas para que funcione.

“Lo que estamos viendo son fallas estructurales, me parece inverosímil que se sigan proponiendo cosas del pasado que ya se vio que no funcionaban”, subrayó.

Luis Hernández recalca que muchas de las propuestas de la reforma ya existían, pero que podría ser positivo eliminar regímenes especiales presentes por décadas. Al respecto, cita como ejemplo que los empleados de Ecopetrol no aportan al sistema, o que el servicio que reciben los maestros de instituciones públicas es débil.

Jairo Humberto Restrepo, coordinador del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, apunta que la reforma es necesaria, pero que debe ser bien pensada y no tramitada de forma urgente. En ese sentido, señala que, de los 68 artículos del texto, al menos 18 dependerían de reglamentación del Ministerio de Salud.

Ahondar en la inequidad

Para Hernández, el hecho de que en el proyecto se siga con la comprobación de la pobreza para entrar al régimen subsidiado es un error.

“Usted debe demostrar que es pobre o pagar, y eso es inequidad, no puede haber ciudadanos de primera o de segunda dependiendo de su capacidad de pago”, dijo.

La profesora Vélez expone que el proyecto 010 profundiza el modelo de mercado y recalca que, por la naturaleza de la salud, a la que las personas acuden por una necesidad más que por una decisión, esta no puede pensarse de esa forma.

Tanto la doctora Vélez como el coordinador de la UNAL concuerdan en que el proyecto puede llevar a la creación de oligopolios, es decir que muy pocas empresas tengan todo el mercado. “Lo que se expone es que eliminarán las EPS malas, pero eso haría que crezcan los oligopolios, dice la profesora Vélez.

Papel del usuario

Una crítica estructural que hace Luis Hernández es que la reforma pone en el centro del sistema al Ministerio de Salud y a los prestadores, “pero no menciona a los pacientes, a la academia; es una estructura vertical y no tiene en cuenta que la ley estatutaria pone en el centro a los ciudadanos”.

El profesor Hernández revela otro problema hacia los ciudadanos: “según el artículo 11, los usuarios podrían tener sanciones en las cuotas moderadoras (valor pagado por una cita con un especialista o un procedimiento ambulatorio) por el cumplimiento o incumplimiento de los lineamientos del autocuidado, mientras que el artículo 10 de la Ley Estatutaria indica que en ningún caso el incumplimiento de deberes puede llevar a restringir el acceso a los servicios”.

El docente de la UNAL puntualiza que el aumento en una cuota resultaría en que algunas personas no puedan acceder a la salud por barreras monetarias.