En carta a la ministra de Justicia, Margarita Leonor Cabello, el Procurador pidió acatar los fallos de la Corte Constitucional.
“Esto obedece a la responsabilidad que tenemos al defender los intereses de la sociedad, y fundamentalmente tienen que ver con el respeto de los protocolos que fijó la Corte Constitucional en varias sentencias, particularmente la T-236 de 2017 en donde existe un conjunto de requisitos mínimos que constituyen ese protocolo y que deben ser cumplidos satisfactoriamente para reanudar las aspersiones aéreas y esos reparos tienen que ver con el principio de precaución”.
Carrillo Flórez afirmó que la Procuraduría le dio al medio ambiente la jerarquía que no ha tenido en el pasado, y por lo que considera que la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato “debe incorporar un mecanismo de protección”.
Advirtió que el proyecto de Decreto no presenta elementos claros para armonizar las medidas de sustitución voluntaria con la reanudación del método de erradicación con glifosato, ni estrategias dirigidas a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que subsisten de los cultivos de uso ilícito.
Así mismo, señaló que por medio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos se ha insistido en la ejecución de estrategias que permitan hacer efectivos los procesos de participación ciudadana, fundamentales para que las comunidades étnicas tengan conciencia de las repercusiones de la aspersión con glifosato.
“Estamos en un momento en que un altísimo porcentaje del país, que tiene comunidades étnicas, va ser afectado por esa política. Con eso no queremos decir, de manera alguna, que no se pueda hacerlo, pero previo a esa política pública de aspersión tiene que haber un diálogo con las comunidades y por supuesto una concertación”.
Frente al acuerdo final de paz indicó que el proyecto de Decreto no cumpliría con lo pactado, al no presentar propuestas que armonicen las medidas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con la política de aspersión.
“Nos parece que hay que definir qué es lo que el gobierno quiere en la política de sustitución de cultivos ilícitos, porque hasta la fecha no ha hecho públicas las estrategias que pondrá en marcha para cumplir con lo establecido en el acuerdo”.
Finalmente, demandó que se cumpla la exigencia de la Corte Constitucional, que la investigación en materia ambiental y de salud sobre la repercusión de las fumigaciones con glifosato debe contar con condiciones de rigor, calidad y garantías a través de una instancia técnica, “ojalá internacional, preferiblemente un órgano de carácter científico con reconocimiento internacional, ojalá en el ámbito de Naciones Unidas”.