La comisión primera del Senado inició el debate del proyecto de Ley por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados, que tiene como objetivo reducir el daño causado por el narcotráfico al cultivo en condiciones indebidas y la guerra contra las drogas.

La sesión dio inicio con la intervención del senador y ponente Iván Marulanda Gómez (Alianza Verde) quien dio a conocer que “estamos abriendo una discusión fundamental en la absoluta certidumbre de que estamos enfrentando nuestra responsabilidad con la historia, nuestra responsabilidad con las generaciones del futuro, porque en la medida en que manejemos esta situación con inteligencia y acierto el destino de esta Nación va a ser promisorio”.

El senador Marulanda señaló que no se puede seguir sacrificando al país en una guerra “por evitar el cambio de un modelo prohibicionista, hay que pensar en los indígenas, campesinos y población menos favorecida que no tiene protección del Estado”.

Este proyecto busca que el Estado les compre a los campesinos la cosecha de la hoja de coca a precios del mercado, con el fin de entregarla a los consumidores de manera gratuita, medida que resulta más útil y económica que la erradicación.

Por su parte, el senador y también ponente Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), comentó que con este proyecto se busca plantear una alternativa distinta para enfrentar el narcotráfico, si se regulariza la droga esos recursos podrán ser usados para campañas educativas de prevención y para la recuperación de las personas que hayan caído en la adicción.

Con respecto a este tema, este proyecto de ley, en su artículo 7, se estableció que el Gobierno Nacional implementará programas de capacitación, investigación, extensión agropecuaria y formalización de los predios y programas de apoyo financiero “destinados a los cultivadores de hoja de coca para mejorar la calidad, aumentar la productividad y reducir el impacto ambiental de los cultivos de coca, teniendo en cuenta los saberes ancestrales y la cultura de los cultivadores”, para así mejorar la calidad de vida de los cultivadores y su integración a la institucionalidad y vida formal.

En el desarrollo de la sesión, el senador Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres) comentó que este proyecto es bien intencionado pero el contenido genera una problemática entre la distinción del consumo funcional y problemático, además, se estaría generando un consumo interno y no se tendrían beneficios en incrementos de impuestos.

Para el senador Temístocles Ortega (Cambio Radical), continuar con una política prohibicionista es continuar dejando a miles de familias indígenas, campesinas y afrodescendientes en la pobreza; se debería intentar implementar una política diferente y que la historia del país se pueda ir modificando.

La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) este es un tema que amerita una discusión profunda, la droga no es fácil de controlar para una persona dependiente, “debo contradecir la afirmación de que es absurdo penalizar un acto que no afecta a un tercero, si ello fuese así no habría problemas de violencia, ni deterioro en el núcleo familiar”.

En esta misma línea, la senadora Esperanza Andrade Serrano (Partido Conservador) hizo un llamado a la Comisión primera a que el proyecto sea revisado integralmente y se apruebe lo que le convenga al país, debido a que gran parte de los problemas sociales en el país se derivan del narcotráfico.

De igual manera, para el senador Santiago Valencia (Centro Democrático), este proyecto tiene una buena intención, pero no soluciona el problema, y puede llegar a empeorarlo, debido a que la iniciativa parte de la base de la racionalización del consumo, pese a que la coca es adictiva y no permite el uso racional de la misma.

Luego de las intervenciones, el senador y ponente Armando Benedetti (Partido de la U) indicó que se debe trabajar en los temas de prevención, educación y rehabilitación de las personas. Las últimas estadísticas en Colombia muestran que casi el 60% de las personas que están consumiendo por primera vez están entre los 12 y 14 años, sirve mostrarles a los jóvenes qué pasa con la droga, si alguien quiere una ayuda el Estado no puede penalizar.

En este sentido, en el artículo 2 numeral 14 de dicho proyecto se estableció que “se garantizarán los derechos de los niños, niñas y adolescentes, previniendo y restringiendo su acceso a los derivados psicoactivos de la hoja de coca a través de estrategias de prevención, basadas en la evidencia científica, la pedagogía, la motivación y promoción de los derechos humanos”.

Asimismo, se dio a conocer lo establecido en el artículo 15, el cual habla sobre los establecimientos autorizados de distribución, en el cual el “Ministerio de Salud y Protección Social, o quien este determine para tales efectos, será el encargado de garantizar el abastecimiento de derivados psicoactivos de la hoja de coca en todo el territorio nacional en condiciones de seguridad a través de la red de salud, de acuerdo a la demanda existente y a la reglamentación que para estos fines expida dicho ministerio.

Dentro de los productos y sustancias psicoactivos autorizados para la distribución se excluyen el bazuco y la pasta base de la hoja de coca”. En su intervención, el senador Iván Name (Alianza Verde) comentó que se debe buscar una solución a eliminar la violencia y cambiar el modelo prohibicionista e invitó a explorar nuevos caminos.